Xalapa, Veracruz, octubre de 2025. — Los recientes apagones masivos en México, particularmente en el sureste del país, han puesto en evidencia una fragilidad estructural en el sistema eléctrico nacional. Más de 2.2 millones de usuarios en Yucatán, Campeche y Quintana Roo quedaron sin suministro eléctrico tras una falla en la transmisión reportada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque el servicio fue restablecido horas después, los costos económicos de un corte de este tamaño van mucho más allá de la incomodidad ciudadana.
De acuerdo con la CFE, la interrupción se originó en trabajos de mantenimiento en una línea de transmisión crítica para la Península de Yucatán. Sin embargo, este episodio se suma a una lista creciente de apagones recientes que también han afectado a entidades como Tabasco, Chiapas, Veracruz, Coahuila y Querétaro. Expertos del sector energético coinciden en que la disminución de inversión en infraestructura de generación y transmisión ha debilitado la capacidad de respuesta de la red eléctrica frente a contingencias.
Cada hora sin electricidad tiene un costo tangible para la economía. Sectores como comercio, turismo, industria manufacturera y servicios financieros son altamente dependientes de un suministro constante de energía. De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), un apagón masivo puede generar pérdidas cercanas a los 800 millones de pesos por hora a nivel nacional, considerando interrupciones en cadenas de producción, caída de ventas y daños a equipos.
En el caso de la Península de Yucatán, donde el turismo representa alrededor del 9 % del PIB estatal, la suspensión de operaciones en hoteles, aeropuertos y restaurantes se traduce en pérdidas millonarias. Un corte de seis horas podría equivaler a más de 4,800 millones de pesos en pérdidas acumuladas.
Más allá de la pérdida directa, los apagones erosionan la confianza de inversionistas. La industria maquiladora y los parques industriales que operan en regiones como Coahuila o Querétaro requieren certidumbre en el suministro eléctrico para cumplir con contratos internacionales. Una interrupción recurrente puede provocar renegociaciones de precios, multas por incumplimiento y, en el peor escenario, la reubicación de inversiones a otros países con redes más confiables.
El sector financiero también sufre: cortes eléctricos interrumpen transacciones electrónicas, cajeros automáticos y sistemas bancarios, afectando la liquidez inmediata y la confianza de los usuarios.
La caída de inversión en infraestructura eléctrica es el telón de fondo. Según reportes, la inversión pública y privada en nuevas plantas generadoras y líneas de transmisión ha disminuido en los últimos cinco años, mientras la demanda eléctrica crece impulsada por la urbanización, el nearshoring y la digitalización. Esta brecha entre oferta y demanda convierte cada verano caluroso o temporada de alta actividad industrial en un riesgo potencial de apagones.
El apagón reciente en el sureste mexicano no fue un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema que enfrenta tensiones crecientes. La factura económica no solo se mide en millones de pesos perdidos por hora, sino en competitividad, confianza y bienestar social.
Invertir en infraestructura eléctrica, modernizar la red de transmisión y diversificar las fuentes de generación no es solo una estrategia técnica: es una condición necesaria para garantizar crecimiento económico sostenido. Cada apagón no atendido es, en el fondo, un freno al desarrollo.
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