California anunció que presentará una demanda contra la administración del expresidente Donald Trump, argumentando que no tenía la autoridad legal para desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles y otras zonas del estado.
El gobernador demócrata Gavin Newsom calificó el despliegue federal como “ilegal, inmoral e inconstitucional”, al sostener que Trump omitió el procedimiento estatal que requiere el consentimiento del funcionario local. La demanda será presentada ante un tribunal federal, solicitando una orden judicial para revocar la acción y restituir el control de la Guardia Nacional al estado.
La controversia surgió tras la orden ejecutiva del expresidente Trump de enviar más de 2 000 efectivos de la Guardia Nacional, junto con 700 marines, a Los Ángeles. El argumento oficial es que estos militares apoyarán a proteger propiedad federal e instalaciones de inmigración, después de las redadas migratorias y las protestas de este fin de semana.
Violación a la soberanía estatal: Los funcionarios de California sostienen que el despliegue sin su autorización infringe la Décima Enmienda y la ley federal que exige su consentimiento.
Primer caso en décadas: Se trata de la primera vez desde 1965 (tras las marchas de Selma), que un presidente activa la guardia estatal sin aprobación local.
Reacción jurídica y política: El lunes, el fiscal general Rob Bonta presentó un recurso para emitir una orden judicial inmediata y detener el despliegue federal.
Escalada militar y tensión institucional: La movilización incluyó más de 3 000 efectivos, entre guardias y marines. El Pentágono estima que el operativo costará alrededor de 134 millones de dólares.
Tensión con protestas locales: Las movilizaciones surgieron tras redadas migratorias en Los Ángeles, con más de 180 arrestos. Las autoridades locales calificaron de pacíficas las manifestaciones mayoritarias.
Esta disputa judicial marca un momento crucial en el federalismo estadounidense: ¿Puede un presidente desplegar fuerzas estatales sin aprobación local? El caso, que involucra interpretación constitucional sobre el uso de la fuerza militar interna, será debatido en tribunales en los próximos días.
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