Gobierno de Veracruz revisará contratos de aseguradora utilizada en administraciones anteriores

El Gobierno del Estado de Veracruz anunció que dará a conocer los detalles del contrato que administraciones pasadas mantuvieron con la aseguradora encargada de cubrir desastres naturales, con el objetivo de transparentar su funcionamiento y los montos involucrados.

La gobernadora Rocío Nahle García informó que solicitó al secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Rodríguez, ofrecer un informe completo sobre el esquema de aseguramiento utilizado en gobiernos anteriores, incluyendo el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez.

De acuerdo con la información presentada, durante los últimos seis años se habrían destinado alrededor de 150 millones de pesos anuales a dicho seguro, lo que representa un total aproximado de 750 millones de pesos. Sin embargo, sólo se habrían recibido 25 millones de pesos como pago en un caso de emergencia.

La actual administración estatal optó por no renovar ese contrato, que concluye en mayo de 2025, y trabaja en la creación de un fideicomiso para atender emergencias por fenómenos naturales con recursos propios. Este nuevo mecanismo busca ofrecer una alternativa al esquema anterior, aunque aún se desconocen sus características operativas y de financiamiento.

Aspectos relevantes

• Hasta el momento, no se han revelado los nombres de las personas o empresas que integraban la aseguradora contratada anteriormente.

• El gobierno estatal plantea que el fideicomiso permitirá una respuesta más ágil ante emergencias, pero especialistas han señalado la importancia de garantizar transparencia, capacidad financiera y supervisión adecuada.

• La transición de un esquema de seguro a un fideicomiso representa un cambio significativo en la forma en que Veracruz enfrentará los desastres naturales, por lo que será necesario evaluar su efectividad una vez implementado.

El anuncio se da en un contexto donde el estado enfrenta daños importantes por fenómenos meteorológicos recientes, lo que ha reactivado el debate sobre los mecanismos de protección financiera ante emergencias. El seguimiento a esta decisión será fundamental para conocer su impacto en la gestión de riesgos y en la seguridad de las comunidades veracruzanas.