La obediencia sin fe

 

Román Humberto González Cajero

Desde que nacemos, parece haber algo latente en nosotros al relacionarnos con otros seres humanos. Algo que, incluso antes de comprender la noción del daño, nos orienta a evitarlo. Nos contenemos de injuriar al otro y, cuando caemos en ello, surge la reflexión y, muchas veces, la disculpa. El derecho pertenece al ser humano incluso más allá de la razón: es una de las fronteras que nos distingue de los animales. Nacemos sin saber aprovecharnos del otro; sin embargo, nuestra evolución nos enseñó que el trabajo colectivo siempre resulta más eficaz que la individualización en un mundo inherentemente peligroso.

Nuestra naturaleza parece haber sembrado ciertas nociones básicas: que para ser respetado hay que respetar, que para opinar hay que permitir que otros se expresen, que para no ser injuriado es necesario no propiciar la injuria. Nada de esto garantiza justicia absoluta, pero durante mucho tiempo funcionó como una guía elemental para evitar el conflicto y la violencia.

Con el paso de los años, la realidad —al menos en nuestro país— se encarga de confrontarnos. Nos topamos con un muro que nos obliga a replantear aquello con lo que crecimos. Se revela el rostro más oscuro de un México marcado por el aventajamiento, la crueldad, la desproporción de poder y la normalización del abuso.

El derecho, en la experiencia mexicana, suele ser más papel que ley; más discurso rimbombante que sustancia jurídica. En pocas palabras: es más estético que funcional, más retórico que protector. El derecho mexicano se presenta como una promesa elegante, pero rara vez como una herramienta eficaz de protección social.

Así surge la pregunta inevitable: ¿quién protegerá realmente mis intereses? ¿El derecho existe para resguardarme o solo como un instrumento que se activa para juzgarme a conveniencia? ¿Puedo seguir creyendo en él? Y, en un plano más peligroso aún: si el derecho no me protege, ¿por qué debería yo respetar a los demás?

Aquí se manifiesta la paradoja mexicana. El resentimiento social empuja a muchos a romper con esa idea inicial del derecho que compartimos al inicio de nuestras vidas. Pero este fenómeno no habla tanto de los individuos como del sistema que los rodea. Un sistema verdaderamente eficaz reduce de manera significativa la comisión de conductas que dañan el bien común. Cuando eso no ocurre, el problema es estructural.

Lamentablemente, ningún gobierno ha logrado garantizar un cambio sustancial. México se sostiene, desde hace tiempo, sobre una base frágil: violencia normalizada, ruptura constante de las leyes y favoritismo evidente en la aplicación del derecho. La legalidad se vuelve selectiva; la justicia, circunstancial.

El verdadero cambio, entonces, no radica únicamente en las instituciones, sino en las personas que aún conservan una noción del derecho. Aunque esa idea se encuentre nublada, erosionada y atacada por un bombardeo constante de razones para dejar de creer, su sola persistencia mantiene viva la posibilidad de un derecho sano, natural y proyectado hacia las generaciones futuras.

Ya no se trata únicamente de leyes —esas, como el papel, parecen haber sido olvidadas—. El gobierno ha construido su propio derecho a conveniencia. La pregunta es inevitable: ¿por qué no construir el nuestro? ¿Por qué seguir a la deriva de lo que unos pocos creen saber sobre lo que es mejor para todos?

Dejar de creer genera resentimiento, y el resentimiento no es necesariamente negativo. El peligro no está en sentirlo, sino en cómo se canaliza. Esa energía puede conducirnos a la redención colectiva o empujarnos, con la misma fuerza, hacia una perdición cada vez más evidente.