Sheinbaum propone destinar 15 % del gasto público a programas y proyectos prioritarios en el Paquete Económico 2026

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025 – La administración encabezada por Claudia Sheinbaum planteó en el Paquete Económico 2026 una innovadora estrategia presupuestal: destinar 15 de cada 100 pesos del gasto público a programas y proyectos prioritarios. Según los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026, estos programas y proyectos suman un total de 1.523.966 millones de pesos, dentro de un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que supera los 10.1 billones de pesos.

Del monto total, 987.160 millones de pesos se asignan a 14 programas sociales prioritarios —un incremento del 15 % respecto al presupuesto aprobado para este año—, lo que representa el 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB). El programa que acapara la mayor parte de este presupuesto es la Pensión para Adultos Mayores, con 526.508 millones de pesos, equivalentes al 53 % del gasto prioritario. También destacan aumentos reales considerables en programas recientes como Pensión para el Bienestar de las Mujeres Adultas Mayores (267 %), Salud Casa por Casa (93.3 %) y Beca Rita Cetina (58.6 %).

En cuanto a los 13 proyectos de inversión prioritarios, el presupuesto asciende a 536.806 millones de pesos. Entre ellos sobresale el fuerte impulso a Petróleos Mexicanos (Pemex), con una línea presupuestal proyectada de 263.500 millones de pesos para 2026 —un aumento del 86 % respecto a lo aprobado para 2025—. En consecuencia, la Secretaría de Energía se perfila como la principal beneficiaria del PPEF 2026, con un presupuesto estimado de 267.439 millones de pesos, casi totalmente absorbido por estas transferencias presupuestarias.

Balance y contexto

Estas propuestas reflejan una política fiscal orientada a reforzar la inversión social y el desarrollo infraestructural. Dirigidas tanto al bienestar de grupos vulnerables como a sectores estratégicos como el energético, buscan consolidar el papel del Estado como motor del desarrollo. Sin embargo, implican debates sobre sostenibilidad fiscal y efectividad a largo plazo —especialmente en un contexto de creciente presión sobre las finanzas públicas.