Venezuela, soberanía y la encrucijada mexicana

 

 

Jesús Alberto López González

Doctor en Gobierno (London School of Economics and Political Science), maestro en Políticas del Desarrollo en América Latina y licenciado en Relaciones Internacionales (UNAM).
Profesor investigador en El Colegio de Veracruz, y director general (2010-2012). Miembro del SNI (2010-2015) y fundador de la Red de Investigación CONAHCYT sobre Calidad de la Democracia. Becario del CHDS en EE. UU. Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe en el Senado. Embajador de México en Trinidad y Tobago (2016-2018).
Ha sido profesor invitado en el CISEN, CESNAV, la Universidad de Londres, la UDLA Puebla, la Universidad Anáhuac y la Universidad Veracruzana.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marca un punto de inflexión en la política hemisférica y plantea dilemas incómodos para México. Desde la óptica del derecho internacional, el acto resulta difícil de justificar: no solo vulnera principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, sino que reaviva debates sobre la extraterritorialidad de la justicia y el uso de la fuerza. El gobierno de México, fiel a una tradición diplomática anclada en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, reaccionó con firmeza frente a lo que calificó como una flagrante violación a la soberanía venezolana. Si bien esta postura guarda coherencia histórica, la complejidad del escenario actual desborda los precedentes de coyunturas similares.

México enfrenta hoy una realidad geopolítica distinta. La relación con Estados Unidos atraviesa un momento particularmente sensible, impulsado no solo por el renovado asertivismo de Washington en el hemisferio, sino por la inminente revisión del T-MEC en 2026. En ese marco, cualquier episodio que involucre soberanía, seguridad o alineamientos regionales adquiere un peso adicional. La crisis venezolana, si bien no redefine por sí misma la agenda bilateral, sí introduce fricciones en un engranaje diplomático ya bajo presión.

A diferencia de Venezuela, México no es objeto de una confrontación ideológica directa por parte de Washington. El discurso estadounidense hacia México no cuestiona la legitimidad de sus instituciones ni de su gobierno, sino que se concentra en ejes pragmáticos como el combate a los cárteles, la migración y la seguridad fronteriza. Paradójicamente, la cooperación bilateral en materia de seguridad atraviesa uno de sus momentos más productivos en años recientes: mayor intercambio de inteligencia, extradiciones y grupos binacionales contra el robo de combustibles y el tráfico de armas. Ese canal ha funcionado como una válvula de escape para evitar que la retórica se traduzca en acciones unilaterales.

No obstante, el caso venezolano introduce presiones inéditas. La estrategia de Washington trasciende el aislamiento de Caracas; su objetivo estratégico es más amplio: erosionar la influencia de China, Rusia y Cuba en América Latina. En ese tablero, Cuba se mantiene como el eje de las tensiones, y México aparece como un actor incómodo. El aumento de los envíos de petróleo mexicano a la isla —que en 2025 representaron una parte significativa de sus importaciones— es interpretado en los círculos de poder estadounidenses más como un respaldo político que como un intercambio mercantil. Es previsible que este sea uno de los puntos donde la presión estadounidense se intensifique en los próximos meses.

La presidenta Sheinbaum encara así un delicado ejercicio que exige una reflexión profunda sobre los equilibrios que le interesa mantener. En el plano interno, debe atender a una base política donde persisten simpatías históricas hacia el chavismo y el régimen cubano. En el plano externo, necesita preservar una relación funcional con Estados Unidos, indispensable para la estabilidad económica del país. Pareciera que ambos objetivos son mutuamente excluyentes. Su reacción inicial ante la captura de Maduro fue dura; posteriormente, optó por matizar el tono. Ese ajuste refleja precisamente las tensiones que atraviesan hoy la política interior y exterior mexicana.

El costo regional tampoco es menor. América Latina ha transitado hacia un pragmatismo creciente, incluso bajo gobiernos de izquierda que priorizan la estabilidad sobre la ideología. En este nuevo mapa, un respaldo explícito a regímenes con un desgaste democrático profundo corre el riesgo de aislar a México y convertirlo en un flanco vulnerable a las presiones externas. No se sugiere una renuncia a los principios rectores de su política exterior, sino reconocer que defenderlos exige una fineza estratégica mucho más sofisticada.

La respuesta mexicana a la crisis venezolana confirma una línea de continuidad en su política exterior, pero también evidencia sus límites en el contexto actual. México ya no opera en un entorno de bajo costo geopolítico, y cada posicionamiento tiene repercusiones inmediatas. La presidenta Sheinbaum no enfrenta una disyuntiva entre intervenir o no intervenir, sino entre cómo preservar los intereses nacionales en un escenario de creciente polarización hemisférica. Venezuela es el catalizador; las decisiones que vengan definirán hasta dónde puede llegar esa estrategia.