Hugo López Rosas
Biólogo con doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales. Se desempeña como Profesor Investigador en El Colegio de Veracruz y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (nivel 1) desde 2009.
Hay una paradoja silenciosa en el corazón de Veracruz. Entre colonias densamente pobladas, entre calles que se inundan cada temporada de lluvias y edificios que avanzan sobre la arena, sobreviven 33 lagunas interdunarias: cuerpos de agua poco profundos, rodeados de vegetación, que llevan siglos regulando el agua subterránea, filtrando contaminantes y enfriando el ambiente de una ciudad que se calienta cada vez más rápido. Están ahí, visibles en el mapa, protegidas en papel por decretos oficiales. Y, sin embargo, la ciudad actúa como si no existieran.
Un estudio publicado esta semana en la revista científica internacional Coasts, firmado por investigadores del Instituto de Ecología A.C., el Tecnológico Nacional de México Campus Veracruz y El Colegio de Veracruz, pone números y nombres a lo que muchos vecinos ya saben por experiencia propia. Las lagunas están enfermas. Algunas, gravemente.
Los investigadores midieron la calidad del agua en cuatro lagunas representativas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín. Los resultados dibujan un gradiente que va de lo preocupante a lo alarmante. Las lagunas El Ensueño y La Ilusión (donde grupos de vecinos organizados llevan años retirando lirio acuático y exigiendo a las autoridades que atiendan las descargas ilegales) muestran condiciones moderadas, deterioradas, pero aún recuperables. La Laguna D, que recibe los efluentes de una planta municipal de tratamiento de aguas residuales ubicada ¡dentro de la propia Área Natural Protegida!, registra niveles de contaminación orgánica (medida como demanda bioquímica de oxígeno) hasta catorce veces superiores a los de El Ensueño y La Ilusión, las lagunas menos perturbadas del mismo sistema. El fósforo en ese cuerpo de agua se multiplicó por 31 entre 2003 y 2024. No es una tendencia: es una trayectoria de colapso sostenido durante dos décadas.
Lo que hace a este estudio especialmente valioso no es solo el diagnóstico ecológico, sino la decisión de combinarlo con un análisis jurídico. Los investigadores revisaron la historia legal de cinco Áreas Naturales Protegidas de la conurbación y encontraron un patrón que se repite con inquietante consistencia: los polígonos de protección se reducen, los asentamientos irregulares se legalizan dentro de las reservas, y los instrumentos legales se modifican para adaptarse a los hechos consumados, no para prevenirlos. En el Sistema Arrecifal Veracruzano, la ampliación numérica del área protegida en 2012 ocultó la exclusión de sectores arrecifales clave para permitir la expansión portuaria. En el manglar de Arroyo Moreno, la reserva se encogió en 2008 para formalizar asentamientos que ya habían invadido el humedal. Y en marzo de 2025, una resolución judicial ordenó excluir una fracción del Archipiélago de Lagunas Interdunarias para proteger la propiedad privada de un particular. El área removida es pequeña (97 metros cuadrados), pero el precedente es enorme: un tribunal puede fragmentar un ecosistema protegido cuando colisiona con un derecho de propiedad.
Los autores denominan esto regresión ambiental. México ha ratificado el Acuerdo de Escazú, que prohíbe expresamente retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados. La Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano. Y, aun así, la historia documentada de estas áreas protegidas muestra que la norma cede sistemáticamente ante la presión urbana, inmobiliaria y judicial. No por excepción, sino como patrón.
Frente a ese diagnóstico, el estudio no se queda en la denuncia. Propone soluciones concretas y escalonadas según el grado de deterioro de cada laguna. Para las que aún tienen condiciones moderadas, la prioridad es prevenir: eliminar descargas clandestinas, fortalecer la vegetación riparia, instalar sistemas de drenaje que filtren el agua antes de que llegue a las lagunas, y sostener el monitoreo ciudadano que ya existe. Para la Laguna D, las intervenciones necesarias son de otra magnitud: actualizar la planta de tratamiento para que realmente elimine nutrientes (no solo patógenos), retirar sedimentos acumulados durante décadas y recuperar la cobertura de vegetación nativa. Para Las Conchas, una laguna que mejoró entre 2014 y 2015 y volvió a degradarse en 2023, la lección es clara: sin gestión permanente, los avances no duran.
Hay algo en este estudio que merece subrayarse más allá de los datos técnicos. Una parte significativa del trabajo fue posible gracias a vecinos organizados que llevan años documentando problemas, presionando a autoridades y participando en muestreos. No son científicos de formación. Son personas que viven junto a las lagunas, que las conocen con una intimidad que ningún indicador captura, y que decidieron que valía la pena pelear por ellas. La ciencia, en este caso, no llegó a iluminar un territorio ignorado: llegó a respaldar con evidencia lo que la comunidad ya sabía.
Las lagunas interdunarias de Veracruz no son un lujo paisajístico ni una curiosidad ecológica. Son infraestructura. Regulan inundaciones, recargan el acuífero, mitigan el calor urbano y sostienen biodiversidad en medio de una ciudad que las rodea por todos lados. Cuando se degradan, la ciudad pierde servicios que ninguna obra gris puede reemplazar al mismo costo. Cuando se protegen de verdad (no solo en papel, sino con recursos, vigilancia y voluntad política) la ciudad entera gana.
El estudio ya está publicado, en acceso abierto (https://www.mdpi.com/2673-964X/6/1/10), disponible para cualquier funcionario, urbanista o ciudadano que quiera leerlo. La pregunta que queda, como siempre, es si alguien con poder de decisión lo hará.
