El Congreso del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Fiscalización, entregará el próximo 29 de julio a 56 municipios las Cédulas de cancelación de deuda que certifican que han liquidado los créditos contratados en años anteriores. Estos documentos son clave, pues les permiten a las administraciones municipales gestionar nuevos préstamos ante instituciones financieras, lo que abre el debate: ¿es una herramienta de orden financiero o un incentivo al endeudamiento?
Un proceso para “poner en orden” los registros financieros
La titular de la Secretaría de Fiscalización de la LXVII Legislatura, Alma Leticia Patiño Gabriel, explicó que la entrega de estas cédulas busca “evitar rezagos” en trámites con bancos u otros organismos crediticios, garantizando que las administraciones tengan su información financiera actualizada.
Desde su llegada al cargo, Patiño detectó expedientes rezagados en Deuda Pública con hasta 12 años de antigüedad, por lo que el trabajo de este año ha incluido la revisión y emisión de Cartas de Liberación, en coordinación con las instituciones financieras y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Según Patiño, una vez que un municipio obtiene su Cédula de cancelación, su crédito anterior se da de baja en los registros oficiales, lo que abre la puerta a solicitar nuevos financiamientos para obras y servicios. Esto, en teoría, podría traducirse en proyectos de infraestructura en beneficio de la población.
El dilema: financiamiento necesario vs. riesgo de deuda crónica
Si bien el instrumento permite a los municipios tener “luz verde” para proyectos productivos, expertos en finanzas públicas advierten que estas facilidades pueden incentivar el endeudamiento, especialmente en localidades con ingresos limitados o con baja capacidad de recaudación.
La pregunta es si los municipios tienen una estrategia clara para no repetir los problemas que en el pasado llevaron a deudas con más de una década sin resolver. Sin una planeación adecuada, una nueva línea de crédito podría convertirse en una carga financiera para las futuras administraciones.
La funcionaria aseguró que la estrategia de fiscalización busca prevenir malas prácticas y se comprometió a mantener un control riguroso en la validación de documentación. Además, anunció que se trabaja en un esquema especial para casos en los que el acreedor ha desaparecido o donde la documentación fue extraviada por gestiones anteriores.
Transparencia y rendición de cuentas
El respaldo del diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, ha sido clave en este proceso. Bautista instruyó a la Secretaría de Fiscalización a impulsar medidas de eficiencia administrativa y garantizar la transparencia en los registros financieros municipales.
Sin embargo, la entrega de estas cédulas plantea una cuestión importante: ¿cómo asegurarse de que el nuevo acceso a financiamiento no derive en proyectos mal planeados o en deuda excesiva? Si bien el Congreso busca ordenar las finanzas municipales, el riesgo de endeudamiento sigue latente si los créditos no se manejan con disciplina financiera.
Un llamado a la responsabilidad municipal
Alma Leticia Patiño exhortó a los funcionarios municipales a acercarse a la Secretaría para resolver dudas y cumplir con los protocolos de cancelación. “Estamos para servirles y apoyarles en este proceso, con una estrategia rigurosa y transparente”, afirmó.
A largo plazo, el reto será encontrar el equilibrio entre dar liquidez a los municipios para proyectos prioritarios y evitar que la deuda se convierta en un problema estructural, tal como ocurrió en administraciones pasadas.