Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 28 de Julio 2025
En el centro de Xalapa, jubilados del magisterio estatal bloquearon la avenida Juan de la Luz Enríquez el 30 de julio de 2025, para denunciar un presunto esquema de extorsión, nepotismo y abuso de autoridad dentro del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación de Veracruz (SSTEEV).
Los manifestantes, autosustentados con sus aportaciones —ya que el SSTEEV no recibe recursos públicos directos— acusan a una red interna de funcionarios que, según afirman, recorta prestaciones legítimas adquiridas tras años de servicio.
Demandas estructuradas, protesta sostenida
Presentaron un pliego con diez exigencias concretas: desde el pago inmediato de medias pólizas por retiro o defunción y la entrega completa del Fondo de Beneficios Complementarios (Clave 80), hasta la separación del director-gerente y del jefe del área jurídica, así como la eliminación del nepotismo. Además, demandan una auditoría externa al fondo para los años 2023, 2024 y 2025, y la publicación de estudios actuariales y listados de beneficiarios pendientes.
También solicitaron acceso a esquemas de crédito para vivienda y vehículos destinados a pensionados, dando cuenta de la amplitud de sus peticiones.
Una institución vigilada desde adentro
El reclamo expone una tensión latente: el SSTEEV se presenta como cuerpo autónomo, financiado exclusivamente por aportaciones sindicales. Sin embargo, según los denunciantes, el organismo funciona con manejos autoritarios que han dejado sin medios justos a quienes dieron décadas de servicio a la educación veracruzana.
Pese a haber sido atendidos en mesas de diálogo, los líderes jubilados señalan que no se ha alcanzado una negociación real ni soluciones de fondo, y que sus demandas han sido ignoradas o minimizadas por las autoridades locales.
Claves políticas y posibles consecuencias
Solicitaron la intervención directa de la gobernadora Norma Rocío Nahle García, a quien responsabilizan de garantizar transparencia y justicia en el manejo institucional y solución a sus once puntos de exigencia. El reclamo llega en un entorno político donde la imagen del gobierno veracruzano ha sido cuestionada por su respuesta a casos de extorsión y violencia —como la reciente muerte de una maestra jubilada en Álamo Temapache tras negarse a pagar cuotas ilegales.
De no atenderse las demandas, el conflicto podría escalar en visibilidad pública, consolidarse como un símbolo de impunidad institucional y erosionar la credibilidad del manejo del SSTEEV, frente a sus propios afiliados y la ciudadanía.
