José Guadalupe Altamirano Castro
Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Pública, Maestro en Derecho Procesal Penal, Doctor en Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel 1. Miembro del Padrón de Investigadores del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEYCIDET). Actualmente es Profesor-Investigador de El Colegio de Veracruz.
Gobiernos Profesionales
La administración pública presenta algunas contradicciones, sin embargo, la que se analizará es aquella que existe entre la naturaleza administrativa y la naturaleza política de la administración pública. Es de comprenderse que política y administración no necesariamente son incompatibles, pero si complementarias, están íntimamente ligadas, vinculadas para beneficio de los que gobiernan por un lado y quizá, como ha ocurrido en los últimos tiempos, para perjuicio de los gobernados en su materialización. Este binomio se ha visto presente desde la antigüedad en las formas y ámbitos en que se ha ejercido el poder con la evolución del estado.
En los tiempos actuales la exagerada y necesaria intromisión de la política en su forma más oscura y desvirtuada en la administración pública ha derivado en todos los atropellos y actos de corrupción históricos en México que ha propiciado esa distancia que a veces se antoja irreconciliable entre gobierno y ciudanía. El mal y nocivo desempeño de servidores público cuyo paso por las instituciones ha llevado a su descredito, animadversión y hasta su desconocimiento.
La administración pública por cuanto hace a su ejecución se torna como una forma o expresión de dominio político y como la forma material de la dirección administrativa. La primera que se cristaliza a través de los mecanismos coercitivos y de control del estado para sostener los intereses del gobierno y de sus instituciones, y la segunda por cuanto al cumplimiento se supone que en esencia de los objetivos del estado como administrador de los servicios públicos.
En ese tenor la administración pública se asume como el “mediador”, esto es, dominando y dirigiendo a los ciudadanos hacia lo que sea más conveniente para los intereses del grupo en el poder. Y en este ámbito es cumpliendo este papel de justo mediador que la administración pública aparece como administración para el estado y como política para la sociedad. La naturaleza administrativa de la administración pública supone la existencia de un poder superior, soberano, y el derecho también soberano de creación del cargo público.
La administración del estado es, por tanto, la expresión funcional de la organización de cargos con carácter objetivo, y los requisitos de ingreso a ellos habrán de partir de este mismo carácter. La creación del cargo y el derecho de nombramiento y remoción suponen, por tanto, la abolición de las trabas patrimoniales. Se supondría que eso debiera ocurrir, aunque en la realidad esto dista mucho de ser así pues existe un entramado de complicidades que supone un esquema sesgado de quienes tiene posibilidades de acceder al poder sobre todo en los espacios más importantes de las decisiones del país, y ese grupo minoritario que además tiene origen antiquísimo, ha dominado el poder y copado las instituciones en los tres poderes.
El ejercicio de la función pública, las funciones objetivas del estado, se convierten en un deber inherente al cargo administrativo y, por tanto, un deber que, siendo de naturaleza objetiva, ligado a él, a su persona. Los yerros e imperfecciones del estado, como consecuencia, son los yerros e imperfecciones de la administración y han de ser atribuidos a los administradores como cumplimiento de su deber. No solo debe permanecer esta intención en la determinación de asignar las responsabilidades sino en las consecuencias de las acciones ilegales y de corrupción para no solo sancionar, sino que el propio sistema administrativo prevenga que ocurran estos hechos que pongan en duda y en entre dicho a las instituciones y los gobiernos.
Con la creación del sistema nacional anticorrupción, que se insiste no necesariamente resolvió el problema de corrupción del país, y del cual se asume una postura medianamente optimista, pues supondría la supresión de estos hechos, sin embargo, como también se ha sentenciado esta forma de resolver los problemas vía su regulación jurídica no cambiará en mucho estos desvíos de la función pública pero se comprende como una intención aceptable, prioritario pensar mejor en reformular los planteamientos ideológicos y jurídicos para enfocar los esfuerzos del enderezamiento de las instituciones por esquemas que estén centrados en generar verdaderos mecanismos de pesos y contrapesos y apelar a la buena fe de los políticos y gobernantes para materializar en un verdadero compromiso ético- institucional que se construya sobre la base de actos de voluntad política.
Por otro lado el carácter administrativo subordinado al carácter político de dominio, provoca que la administración pública este supedita a los interés del grupo en el poder como se ha señalado y como así ha ocurrido en diversos momentos de la historia cuando se tiene el control y el manejo del poder en las manos de quienes controlan los gobiernos, ésta se convierte en una forma tergiversada del ejercicio de la soberanía y en cierta medida, relativamente, genera sus propios intereses; la posibilidad de ejercer la dominación sobre las clases dominadas hace de la administración pública un centro de poder.
Aquí es donde se centra la parte medular del análisis en sentido crítico, esto es, el que se haya permitido -porque también así la inercia obligo a ello- que la política se incrustara hasta las entrañas de la administración pública en su forma desvirtuada, determinó que quienes tenían y siguen teniendo intenciones de acumulación poder, sean también quienes manejen las cosas conforme a sus intereses. Esta misma inercia permite que quienes ostentan el control del poder, sean ellos mismos quienes determinen los que deben sucederlos en el control del poder y a quienes colocar en los espacios estratégicos para reproducir esos esquemas de control y de poder como así ocurre en la actualidad para conservar privilegios, canonjías y todos los beneficios que acarrea la política y el gobierno.
La administración pública tiene, de este modo, una naturaleza doble que es contradictoria y que históricamente adquirió la forma de conflicto en la medida en que el estado desatendió la dirección administrativa. El divorcio entre el estado y la sociedad precipita a la administración pública hacia la búsqueda de un lugar común entre ambos. Los gobiernos se han preocupado más por atender la dimensión política de la administración pública para sostener y mantener el control del poder, que, por la dimensión de la dirección administrativa para cumplir los planes y programas destinados al bien común de los ciudadanos, las consecuencias están a la vista.
La distancia que el estado ha generado con la sociedad ha provocado repensar otras formas, vía la administración, para volver a tender los hilos que amarren esas inercias, por la vía legal, la presión y hoy en día mediante el escudo protector de la constitución con el cauce de los derechos humanos. El punto es que con base a lo que se plantea el que los servidores públicos de cualquier nivel, especialmente los mandos superiores, cumplan un perfil idóneo en sintonía con el cargo que ocupen abonará a la renovación del pacto entre estado y sociedad, a la renovación del pacto social para pugnar por una mejor administración de los asuntos públicos, una buena administración pública.
