Rosy Wendoli Carrillo Ovando
Economista, Especialista en Comercio Exterior, Maestra en Economía Ambiental y Doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Docente en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: desigualdad económica, complejidad económica, desarrollo sustentable y economía ambiental.
Contacto: roscarrillo@uv.mx
Diciembre es uno de los meses más esperados por los trabajadores en el país debido al tan anhelado aguinaldo; resultado de largas luchas históricas, reconocido como un derecho laboral y protegido por el marco legal mexicano. Sin embargo, cuando finalmente llega, muchos trabajadores experimentan una sensación incómoda ya que no era lo que esperaban, como si algo se quedara en el camino. Y efectivamente ese algo se llama impuesto sobre la renta (ISR).
El aguinaldo representa un alivio económico, pero al mismo tiempo se convierte en un ingreso parcialmente recortado por la lógica fiscal. Para muchos, esto se vive como una especie de castigo en pleno cierre de año. ¿es realmente un “abuso” del Estado?, ¿o es una obligación que no hemos comprendido?
La ley indica que una parte del aguinaldo está exenta de impuestos, mientras que el excedente sí paga ISR. El problema es que la mayoría de los trabajadores no sabe cuánto está exento, cómo se calcula el impuesto, ni por qué se le descuenta; la educación fiscal no existe en la formación escolar, y la nómina se convierte en el primer salón de clases, sin maestro que explique.
Este desconocimiento genera enojo y una percepción de injusticia. El trabajador siente que su trabajo termina financiando algo que no alcanza a ver reflejado en su vida cotidiana. Y esto se agrava cuando, además del ISR, enfrenta la inflación decembrina.
Por otra parte, no todos los trabajadores viven esta experiencia. Solo quienes están en la economía formal reciben aguinaldo y pagan impuestos de manera directa. En cambio, 33 millones de personas que permanecen en la informalidad no reciben aguinaldo, no tienen seguridad social y tampoco contribuyen fiscalmente de manera regular.
El resultado de esta situación es que quien sí tiene derechos laborales, también carga con una mayor presión tributaria; quien no los tiene, queda fuera de ambos sistemas. El aguinaldo no solo revela la desigualdad salarial, también pone al descubierto las problemáticas fiscales del país. La base de contribuyentes sigue siendo reducida, mientras que las necesidades públicas son enormes. Así, el peso del financiamiento del Estado recae siempre sobre los mismos actores.
Entonces, ¿a dónde va el dinero que se descuenta del aguinaldo? En teoría, ese impuesto debería traducirse en mejores servicios públicos, en la práctica, la percepción social es otra. La brecha entre lo que se aporta y lo que se recibe reproduce una crisis de confianza hacia las instituciones.
Por eso, el problema no es únicamente el impuesto en sí, sino la corrupción y la mala administración del gasto público. Cuando no vemos resultados, el impuesto deja de ser una contribución social y se transforma en una extracción forzada.
Este tema es de gran relevancia para los jóvenes, sobre todo aquellos que pronto recibirán su primer aguinaldo y su primer descuento fiscal. Si no entienden cómo funciona el sistema tributario, crecerán repitiendo la lógica del rechazo automático al impuesto, sin comprender su función social ni exigir su correcta aplicación.
El aguinaldo, entonces, no solo es un ingreso extra de fin de año. Es también un espejo que refleja la fragilidad de los salarios, las desigualdades entre trabajadores formales e informales, la debilidad de la cultura fiscal y la creciente desconfianza que hay hacia el gobierno.
El reto no es eliminar el impuesto sobre el aguinaldo, sino construir un país donde pagarlo no genere enojo. Un sistema fiscal progresivo es la pieza clave y la educación económica y fiscal también es urgente. Porque solo cuando comprendemos cómo funciona el sistema, podemos empezar a transformarlo.
