Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 28 de febrero de 2026.

Cuando la Universidad Veracruzana (UV) anunció un incremento salarial del 4 % para su personal académico tras negociar con el Sindicato Estatal del Personal Académico (FESAPAUV), el acuerdo se presentó como un paso para preservar la estabilidad institucional en un entorno presupuestal restrictivo. Sin embargo, una revisión de datos oficiales sobre inflación y salarios en México revela un contraste más amplio: en la última década, el salario mínimo ha crecido a un ritmo muy superior al de los ajustes universitarios, mientras que la inflación ha erosionado parte del poder adquisitivo de los docentes.

El contraste es más evidente si se observa la trayectoria del salario mínimo. Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos diarios en 2026. Esto representa un incremento nominal acumulado superior al 250 % en ocho años, con aumentos anuales de doble dígito que en la mayoría de los casos superaron la inflación oficial. La política federal buscó explícitamente recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas previas, lo que produjo uno de los ciclos de crecimiento salarial más acelerados en la historia reciente del país.

Para los académicos de la UV, el escenario es distinto. Aunque sus percepciones están muy por encima del salario mínimo, el ritmo de crecimiento porcentual ha sido moderado. En términos acumulados, una serie de incrementos anuales del 4 % durante diez años implica un aumento nominal cercano al 48 %. En el mismo periodo, la inflación acumulada, considerando los registros oficiales del Inegi desde 2016 a 2025, supera el 60 %. Bajo esa comparación, el poder adquisitivo promedio de un salario ajustado de forma constante al 4 % anual habría enfrentado una presión sostenida.

Especialistas en finanzas públicas señalan que las universidades públicas estatales operan bajo techos presupuestales definidos en buena medida por transferencias federales y aportaciones estatales, lo que limita el margen para incrementos salariales más agresivos. En contraste, la política del salario mínimo depende de decisiones centralizadas con impacto nacional y ha sido respaldada por un contexto macroeconómico que permitió absorber los incrementos sin disparar la inflación estructural.

El acuerdo en la UV, entonces, no puede leerse únicamente como un porcentaje aislado. Forma parte de una negociación que refleja restricciones presupuestales locales, prioridades institucionales y un entorno macroeconómico cambiante. Pero también se inscribe en un debate más amplio: cómo sostener el poder adquisitivo de los trabajadores académicos en un país donde los salarios más bajos han crecido con mayor dinamismo que muchos ingresos profesionales