Por: Redacción El Censal |La Habana, Cuba| 04 de marzo 2026
En una medida inédita desde la Revolución de 1959, el gobierno de Cuba aprobó este martes un marco legal que permite por primera vez la constitución de empresas mixtas entre entidades estatales y privadas, una decisión que podría marcar un punto de inflexión en la economía de la isla y su modelo de planificación centralizada.
La norma, formalizada mediante el Decreto-Ley 114/2025 y publicada este 3 de marzo en la Gaceta Oficial de la República, entrará en vigor a inicios de abril de 2026 y regula las asociaciones entre entidades públicas y no estatales, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes).
Según el decreto, las llamadas sociedades de responsabilidad limitada mixtas podrán:
Determinar de forma independiente su estructura administrativa, incluyendo número de empleados y salarios.
Abrir establecimientos comerciales dentro de Cuba y en el extranjero.
Exportar e importar directamente bienes y servicios sin someterse al estricto plan económico estatal que tradicionalmente ha regido la isla.
A diferencia de la economía planificada que ha predominado en Cuba por más de seis décadas, estas sociedades gozarán de mayor autonomía operativa, aunque aún estarán sujetas a supervisión estatal en aspectos estratégicos como divisas y sectores sensibles.
La nueva regulación mantiene restricciones claras en áreas que el Estado considera vitales:
No podrán operar en los sectores de salud, educación ni en actividades directamente vinculadas con las instituciones armadas.
La participación de entidades gubernamentales en las sociedades mixtas exige autorizaciones específicas del Ministerio de Economía y Planificación, que evalúa y aprueba cada caso.
Un cambio impulsado por la crisis económica
El anuncio ocurre en medio de una prolongada crisis económica en Cuba, marcada por dificultades para obtener divisas, la caída del turismo y el refuerzo del embargo estadounidense, que han presionado al modelo estatal tradicional.
La apertura legal se suma a cambios previos, como la autorización de mipymes privadas en 2021 —permitiendo hasta 100 empleados en ciertos sectores—, y refleja un rol cada vez más relevante del sector no estatal en la economía cubana.
Para el año 2025, las casi 9,900 empresas privadas del país representaban alrededor del 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) y empleaban a más del 30 % de la población activa, según fuentes oficiales. Además, las ventas minoristas privadas superaron por primera vez a las de las empresas estatales, concentrando cerca del 55 % del comercio total.
Economistas y analistas ven la medida como un paso significativo hacia la flexibilización del modelo económico cubano, aunque advierten que su impacto dependerá de la implementación efectiva de las reglas, el acceso a financiamiento y la capacidad de estas asociaciones para atraer inversión internacional sin comprometer la soberanía del país.
Además, la posibilidad de que estas empresas mixtas operen en mercados extranjeros puede abrir puertas para integrarse mejor en cadenas de valor globales, un reto ante décadas de aislamiento económico.
Aunque el Estado conserva el control de sectores estratégicos, esta apertura —la primera de su tipo en casi 60 años— podría reinterpretar el papel de lo privado en un sistema tradicionalmente dominado por lo estatal, y sentar un precedente para futuras reformas económicas en Cuba y la región.
