José Guadalupe Altamirano Castro
Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Pública, Maestro en Derecho Procesal Penal, Doctor en Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel 1. Miembro del Padrón de Investigadores del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEYCIDET). Actualmente es Profesor-Investigador de El Colegio de Veracruz.
Está comprendido que por mandato constitucional México adoptó un sistema democrático de gobierno basado en la división de poderes que pregonó el ilustre Montesquieu, organizado en una república federal compuesta por entidades federativas, cuyo poder se estructura para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial como una intención de regular los ámbitos de competencia y sus atribuciones.
En este orden de ideas, la administración pública mexicana comprende por mandato constitucional, tres niveles de jerarquía diversos que corresponden a los tres órdenes de gobierno, la administración pública municipal, la administración pública estatal y la administración pública federal, correspondientes al municipio, estado y la federación, respectivamente, tomando características muy diferentes en cada uno de ellos, para adecuarse a la correspondiente forma de gobierno; pero es fundamental entender que no se trata de tres administraciones públicas sino de una sola adecuada a tres diversos niveles de competencia por razón del grado, con fundamento en la constitución general de la república.
La administración pública, lejos de ser una organización simple, presenta una enorme complejidad. Un marco normativo, relaciones de poder, inercias, entre otros, por ello para entenderle se requiere comprender sus dimensiones, política, social o económica. Para comprender una dialéctica de la administración pública, esta se revisará desde dos dimensiones, la primera brevemente por cuanto a las formas que adoptado el estado con respecto al papel del gobierno en relación con la sociedad y, la segunda, en las dimensiones administrativa y política de la administración pública.
Como consecuencia de la evolución social, cultural y política, el devenir de los años ha hecho más complejos los asuntos del gobierno, provocando el crecimiento de la administración pública, mediante sus instituciones. Tal y como lo señala el maestro Manuel del Río González, “conocer el derecho administrativo mexicano, es indispensable para conocer cómo funciona y cómo debe de funcionar la estructura jurídica, política y social del México contemporáneo” (Del Río, 1981:5).
Se iniciará esta breve reseña con el análisis de cada una de esas etapas del estado, iniciando con el estado gendarme. Las primeras formas de administración pública fueron simplistas, porque al nacer los estados nacionales como entidades soberanas, estuvieron facultados para normar ciertas conductas y actividades, para garantizar y dar eficiencia a los ordenamientos del gobierno en forma coercitiva y para registrar algunos actos a fin de que el trámite tuviera validez mediante certificaciones o registro público, surgiendo así el “estado gendarme”.
Al derribarse los sindicatos, las instituciones religiosas de beneficencia, las asociaciones económicas y culturales de la estructura social, sobrevino la competencia desenfrenada con el triunfo de los más poderosos. Como puntualiza el maestro Del Río (1981), el estado solo se limita a la observación “vigila de lejos la actividad de los particulares, pero sin interferir en su libre determinación, en tanto que éstos no violen la ley. Su existencia típica del liberalismo del siglo pasado, resultó ineficaz para resolver las cuestiones económicas y sociales”.
Por su parte, el “estado promotor” buscaba evitar tanto el intervencionismo y regulación del estado propietario como el abandono de los mecanismos de promoción económica sanos. Este paso del estado propietario al estado promotor derivó en la desincorporación de la mayoría de las empresas estatales y la concentración del estado en la desregulación, inversión, exportaciones y por supuesto el desarrollo tecnológico. Posteriormente. El “estado promotor”, sirvió para motivar a los particulares a fin de que realizaran ciertas conductas, estimulando su participación en la vida económica del país; se crearon estímulos como el financiamiento y la extensión de impuestos, para las actividades necesarias, y se agravaron y sancionaron otras que pudieran resultar nocivas, pero como se señaló se dejó el control en la mayoría de las empresas estatales.
En la segunda mitad del siglo XX se fortaleció en México el sistema del “estado benefactor”, conocido en sentido popular como el estado paternalista, consentidor del ciudadano que demanda servicios. Es un estado productor de bienes, encargado también de comercializar ciertos productos y de propiciar la redistribución de la riqueza e incluso el consumo obligatorio de algunos bienes y servicios, creando mercados cautivos para proteger a los productores nacionales y subsidiando, muchas veces, los artículos de primera necesidad para evitar el aumento traumático de los precios.
Son muchas las ventajas que ofreció este sistema, pero también son muchos los problemas creados, entre ellos: la existencia de productores abusivos que solo tenía y tienen actualmente como premisa de actuación la obtención de beneficios económicos sin importa los daños colaterales ocasionados, que no se preocupan por el control de calidad de los productos, porque tienen la seguridad de que tendrán que ser adquiridos dentro del mercado cautivo; el sacrificio del pueblo que como siempre carga con los errores de los grandes hombres de negocios y de las malas decisiones gubernamentales por vía de los impuestos, y finalmente, la desidia y la irresponsabilidad ciudadana, del propio pueblo que lo espera todo del gobierno, sin hacer el menor esfuerzo de colaboración, creando la imagen del llamado estado paternalista, y que en la actualidad persiste este modelo ahora etiquetado de bienestar bajo el eslogan de una nueva transformación.
El “estado planificador integral”, como señala Manuel del Río, resulta hasta este momento una creación idealista que no opera a plenitud, jurídicamente se han creado los mecanismos para llegar a alcanzarlo, a fin de obtener la planificación y administración del funcionamiento de la sociedad en todos sus aspectos. El Estado Mexicano, a pesar de sus favorables transformaciones medianamente alcanzadas, presenta una combinación de modelos de estado, y sólo una buena administración pública podrá conducirnos a través del tiempo a esta moderna concepción del estado ideal, como planificador integral.
Este último, es precisamente uno de los argumentos que sostiene, esto es, los tiempos modernos donde el papel del ciudadano ha cambiado, de ser solo receptor de servicios a un papel protagónico donde participa, cuestiona y puede exigir desde el amparo de la norma y la constitución. Se bien los gobiernos deben modernizarse para tener una funcionamiento y operación aceptable, una buena administración por obligación y por norma, también es cierto que los ciudadanos están en la actualidad en condiciones de exigir el cumplimiento de este compromiso institucional.
