El 60 % de mexicanos rechaza aumento al impuesto a refrescos

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2025 – Un reciente análisis de conversaciones en redes sociales revela que aproximadamente 60 % de los usuarios en México se opone al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a refrescos y bebidas azucaradas, anunciado en el Paquete Económico 2026.

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¿Qué propone el gobierno?

• El gravamen pasaría de $1.64 a $3.08 pesos por litro de bebida saborizada.

• La intención oficial es desincentivar el consumo de azúcares, así como destinar los recursos recaudados al sistema de salud, para enfrentar enfermedades relacionadas con la obesidad y la diabetes.

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Reacciones y opiniones

• Según el estudio de la firma Dinamic, que analizó 5,945 conversaciones públicas en plataformas como Facebook, X, TikTok, YouTube e Instagram, el rechazo se argumenta principalmente por su impacto económico en los hogares, especialmente en los de menores ingresos.

• Un 28.7 % de los participantes apoyó la medida, considerándola útil para combatir problemas de salud.

• El 11.7 % restante mantuvo posturas neutrales, aportando comparativas internacionales o análisis fiscales.

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Críticas de la industria y advertencias

• MexBeb, la Asociación Mexicana de Bebidas, advirtió que el aumento podría generar una subida de precios de 10 a 15 %, lo que afectaría el bolsillo de los consumidores.

• También señaló el potencial de pérdida de 150,000 empleos directos e indirectos en los próximos cinco años si la propuesta se aprueba.

• Comercios pequeños, especialmente “tienditas”, que en muchos casos dependen fuertemente de la venta de refrescos, podrían enfrentar graves impactos.

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¿Cuánto subiría realmente el precio al consumidor?

• Hacienda estimó que el precio de un refresco de 600 mililitros aumentaría aproximadamente un peso, lo que equivale a cerca de 4.9 % de su precio actual.

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La medida del gobierno mexicano genera un fuerte rechazo social por su percepción de golpe al bolsillo, mientras que quienes la apoyan la ven como una herramienta necesaria para enfrentar una crisis de salud pública. La controversia gira en torno a cuán efectiva será esta medida para disminuir los índices de obesidad y enfermedades relacionadas, y al mismo tiempo qué cargas económicas traerá para los sectores más vulnerables.