Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 26 de enero de 2026
En un movimiento que podría redefinir las relaciones laborales en el sur de México, el estado de Veracruz ha comenzado la implementación progresiva de la jornada laboral de 40 horas semanales. Lo que para muchos es una victoria simbólica por el derecho al tiempo libre, para economistas, empresarios y funcionarios locales representa una incógnita: ¿podrá la economía veracruzana absorber el impacto sin perder competitividad?
A diferencia de otras reformas laborales, esta medida no se impondrá de golpe. La Secretaría del Trabajo estatal ha optado por un despliegue gradual, permitiendo a los sectores productivos más vulnerables —especialmente PYMES manufactureras y agrícolas— ajustar operaciones y plantillas con menor fricción. Sin embargo, las cifras proyectadas son tan elocuentes como inciertas.
Una apuesta por la eficiencia
La teoría económica detrás de la jornada reducida es conocida: trabajadores menos fatigados tienden a ser más productivos por hora. En países que han experimentado con esquemas similares —como Islandia, Japón y, en menor medida, Francia— la productividad por hora trabajada ha mostrado incrementos sostenidos del 2 al 4 % anual, aun cuando el número de horas totales se redujo.
Si Veracruz replicara siquiera un aumento del 2 % en su productividad laboral, el efecto económico podría superar los 1,000 millones de pesos (mdp) anuales en valor agregado. Esta cifra, equivalente al 1 % del PIB estatal, no es menor para una entidad con rezagos estructurales en desarrollo económico y empleo formal.
Además, mantener el ingreso mensual de los trabajadores —tal como lo contempla la reforma— podría estimular el consumo interno. Aun un modesto aumento del 1 % en el gasto de los hogares veracruzanos, principalmente en servicios y bienes no duraderos, inyectaría entre 500 y 800 mdp adicionales al circuito comercial local, beneficiando a micronegocios y cadenas regionales por igual.
El costo del descanso
Pero la reforma no es ajena a tensiones. Las cámaras empresariales han advertido sobre el impacto presupuestal que supone reducir la jornada sin reducir salarios. Consultoras del sector privado calculan que los costos laborales podrían incrementarse entre un 22 y un 38 % para empresas que dependen intensamente de personal operativo, especialmente si deciden cubrir las horas perdidas con nuevas contrataciones o pago de horas extras.
Para Veracruz, donde cerca del 70 % del empleo formal se concentra en sectores como comercio, servicios y transformación ligera, esto podría traducirse en un aumento acumulado de 200 a 400 mdp anuales en nómina empresarial, sin considerar inversiones en reorganización de turnos, capacitación o automatización. Estos gastos de transición podrían sumar otros 100 a 250 mdp por año en los primeros tres ejercicios fiscales.
¿Reforma con saldo positivo?
Un análisis simple de costos y beneficios proyectados revela un escenario incierto pero no necesariamente adverso. Si los beneficios esperados en productividad y consumo alcanzan su potencial, podrían superar los sobrecostos iniciales para el sector privado. Sin embargo, los resultados dependerán en gran medida de tres factores: la capacidad de adaptación tecnológica de las empresas, las políticas públicas de apoyo transitorio y la velocidad de formalización del empleo que la reforma pueda inducir.
Los sindicatos ven una oportunidad para elevar estándares laborales en el estado. Los empresarios, un riesgo operativo con retornos aún difusos. Para el gobierno estatal, se trata de una apuesta por el desarrollo con rostro humano, cuyo éxito requerirá algo más que voluntad política: requerirá medición, ajustes quirúrgicos y, sobre todo, tiempo.
