Rosy Wendoli Carrillo Ovando
Economista, Especialista en Comercio Exterior, Maestra en Economía Ambiental y Doctora en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Docente en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: desigualdad económica, complejidad económica, desarrollo sustentable y economía ambiental.
Contacto: roscarrillo@uv.mx
Durante décadas, en México el camino hacia la vivienda propia fue clara: empleo formal, puntos en el INFONAVIT y acceso a un crédito hipotecario. Ese modelo no solo constituyó la política habitacional, también organizó las expectativas de movilidad social de millones de trabajadores. Tener seguridad social implicaba, tarde o temprano, tener casa. Hoy esa promesa parece lejana.
El encarecimiento del suelo urbano, el aumento en los precios de la vivienda por encima de los salarios y el costo del financiamiento provocaron que, incluso con empleo formal, el crédito ya no alcance para adquirir una vivienda bien localizada. Esto ha contribuido a la expansión hacia las periferias, lo que provoca largos tiempos de traslado, abandono de viviendas y pérdida de calidad de vida. No fue un problema individual ni de malas decisiones familiares; fue el agotamiento de un modelo basado en la idea de que el mercado y el crédito resolverían el acceso a la ciudad.
En ese contexto se entienden los cambios que se están dando en el INFONAVIT. Lo que estamos viendo no es un simple ajuste operativo, sino una transformación en su papel dentro de la política pública. Se ha transitado de una institución financiera que colocaba créditos hipotecarios hacia un actor con funciones sociales más amplias, con esquemas que incluyen reestructuración de deudas impagables, financiamiento para mejoramiento de vivienda, autoproducción, acceso al suelo e incluso alternativas como la renta con opción a compra.
La pregunta de fondo no es si el Instituto está cambiando (eso es evidente), sino si estos cambios son buenos y qué implican para las familias y los trabajadores. El giro es socialmente necesario, el esquema anterior dejó fuera a millones de personas que, aun cotizando, nunca alcanzaban el monto suficiente para comprar una vivienda adecuada. El crédito hipotecario funcionaba para ingresos medios y altos, pero no para quienes ganan menos, que son la mayoría de los trabajadores formales en el país (70% de los trabajadores formales registrados en el IMSS gana alrededor de 2 salarios mínimos, solo el 7% gana más de 5 salarios mínimos).
Un trabajador que gana 2 salarios mínimos puede acceder aproximadamente a créditos de 600 mil pesos y el precio promedio de la vivienda en México supera el millón de pesos.
Con estos cambios, el INFONAVIT reconoce que el acceso a una vivienda digna no puede depender únicamente del tamaño del crédito que una persona pueda pagar. Además, la atención a los créditos impagables tiene un efecto inmediato en la economía de los hogares. Durante años, miles de familias destinaron una parte creciente de su ingreso a cubrir deudas que, en muchos casos, aumentaban en lugar de disminuir. Reestructurar esos créditos no solo corrige una distorsión financiera; libera ingreso disponible para consumo básico, reduce la vulnerabilidad económica y mejora las condiciones de vida. En términos distributivos, es una política de alto impacto.
Sin embargo, el cambio también plantea interrogantes.
El INFONAVIT administra el ahorro de los trabajadores, y su sostenibilidad financiera es una condición indispensable. Al asumir un papel más activo en el desarrollo de vivienda y en esquemas con mayor contenido social, también asume nuevos riesgos: operativos, financieros y de gestión. El equilibrio entre su función social y la protección del fondo es uno de los grandes desafíos de esta nueva etapa.
El segundo riesgo es territorial. El fracaso del modelo anterior no fue solo financiero; fue urbano. Se construyeron millones de viviendas lejos de los centros de empleo, sin servicios, sin transporte adecuado y sin integración con la ciudad. Si el nuevo enfoque no se articula con una política de suelo, con planeación urbana y con coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, existe el peligro de repetir los errores bajo otro esquema.
La vivienda no es únicamente un techo: es el punto de acceso a la ciudad. De su localización dependen el tiempo disponible de las personas, el gasto en transporte, el acceso a educación, salud y empleo, y hasta la huella ambiental que generamos. Una vivienda barata pero aislada puede ser financieramente accesible, pero socialmente costosa.
Por eso, el éxito del nuevo INFONAVIT no debe medirse por el número de créditos otorgados o por las acciones de vivienda realizadas, sino por algo mucho más profundo: si contribuye a que los trabajadores vivan más cerca de donde trabajan, si reduce los tiempos de traslado, si mejora el acceso a servicios y si fortalece el tejido urbano en lugar de fragmentarlo.
Para las familias, este cambio tiene implicaciones directas. Por un lado, abre oportunidades para quienes antes estaban excluidos del sistema; por otro, introduce una etapa de transición en la que el modelo aún se está construyendo. En términos generacionales, esto es especialmente relevante. Para millones de jóvenes, tener empleo formal ya no garantiza la posibilidad de adquirir vivienda. Esa ruptura del pacto social del siglo XX es una de las principales fuentes de incertidumbre económica actual. Si el nuevo enfoque del INFONAVIT logra ofrecer alternativas viables, no solo estará resolviendo un problema habitacional, estará reconstruyendo una vía de acceso al patrimonio y a la estabilidad.
Durante años, la política de vivienda se concibió como un mecanismo de financiamiento. Hoy estamos frente a la posibilidad de que vuelva a ser una política social en sentido amplio: vinculada con la planeación del territorio, con la reducción de desigualdades y con la construcción de ciudades más habitables.
El cambio en el INFONAVIT refleja el reconocimiento de una verdad incómoda: el mercado, por sí solo, no resolvió el acceso a la vivienda. Y cuando el mercado no garantiza condiciones básicas de bienestar, el Estado tiene que replantear su papel.
Esa es la oportunidad. El riesgo es pensar que basta con modificar los esquemas de crédito sin transformar el modelo de ciudad. Porque al final, el verdadero éxito del nuevo INFONAVIT no se medirá en hipotecas colocadas, sino en algo mucho más cercano a la vida cotidiana: en trabajadores que puedan vivir cerca de lo que hacen todos los días, en familias que no tengan que elegir entre pagar su casa o su transporte, y en ciudades donde el derecho a la vivienda no dependa del nivel de ingreso, sino que sea una condición para una vida digna.
Repensar la economía hoy también implica entender que la vivienda no es solo un activo financiero. Es la puerta de entrada al bienestar. Y en esa puerta se está jugando una parte fundamental del futuro social del país.
