Ciudad de México, octubre de 2025 — A partir del 1 de octubre entró en vigor el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, una medida impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum que obliga a los usuarios a proporcionar su Clave Única de Registro de Población (CURP) al adquirir una línea celular. La normativa busca frenar fraudes y extorsiones, aunque abre debate por la protección de datos personales.
Qué establece la nueva regulación
Las compañías de telefonía registradas ante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) —como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán— deberán solicitar la CURP a quienes contraten un número nuevo. Para los usuarios con líneas activas habrá un periodo de regularización en el que las operadoras podrán recabar los datos de forma remota.
La Ley de Telecomunicaciones aprobada por el Congreso señala que la información quedará bajo resguardo de las compañías telefónicas y no será accesible directamente para el gobierno federal.
Impactos y riesgos señalados
El gobierno sostiene que esta medida es clave para combatir delitos vinculados al uso de líneas móviles, como la extorsión y el fraude. Sin embargo, especialistas advierten que los nuevos procesos de validación implican costos elevados en software y logística, lo que podría afectar especialmente a los operadores móviles virtuales (OMV).
Analistas consideran que grandes empresas como Telcel podrían beneficiarse, ya que su infraestructura les permite absorber con mayor facilidad el impacto económico de la nueva obligación, a diferencia de los competidores más pequeños.
Debate sobre privacidad y derechos digitales
Aunque la ley garantiza que la información estará protegida, persisten dudas sobre posibles filtraciones o mal uso de los datos personales. Legisladores y organizaciones han advertido que el requisito de entregar la CURP puede representar un riesgo para la privacidad y limitar la competencia en el sector.
La obligación de registrar la CURP para obtener una línea celular marca un cambio importante en el mercado de telecomunicaciones en México. El éxito de la medida dependerá de su implementación: deberá equilibrar la seguridad contra el crimen sin vulnerar la privacidad de los usuarios ni frenar la competencia entre operadores.
