Dr. José Antonio Molina Hernández
En medio de los ajustes recientes a la legislación comercial, la discusión sobre la nueva reforma a la Ley Aduanera ha cobrado relevancia más allá de los círculos especializados. Aunque oficialmente se presenta como una actualización para modernizar procesos, mejorar controles y combatir prácticas ilegales, cada vez más voces señalan que, en el fondo, podría tratarse principalmente de una estrategia para aumentar la recaudación fiscal en México.
Para el público en general, la pregunta clave es sencilla: ¿estos cambios ayudarán realmente a frenar el contrabando y fortalecer la economía, o terminarán encareciendo productos y trasladando costos a consumidores y empresas?
Más controles… ¿con qué objetivo?
La reforma introduce mayores obligaciones administrativas, más supervisión tecnológica y sanciones más estrictas para quienes participan en operaciones de comercio exterior. En principio, esto busca cerrar espacios a la evasión y mejorar la trazabilidad de mercancías.
Sin embargo, en la práctica, muchos analistas consideran que el énfasis está puesto en reforzar la fiscalización sobre los contribuyentes formales —importadores, agentes aduanales y empresas— más que en atacar las redes estructurales del contrabando, que suelen operar mediante corrupción o esquemas ilegales difíciles de detectar solo con regulación.
El propio Servicio de Administración Tributaria ha destacado la importancia de fortalecer la recaudación a través de un mejor control en aduanas, lo que refuerza la percepción de que el componente fiscal es central en estos cambios.
El impacto en los precios
Un efecto que preocupa tanto a empresarios como a consumidores es el posible aumento en los costos de productos importados. Cuando se incrementan los requisitos, los tiempos de revisión o los costos de cumplimiento, las empresas suelen absorber una parte, pero inevitablemente trasladan otra a los precios finales.
Esto podría notarse en sectores que dependen de insumos del extranjero —desde electrónicos hasta maquinaria, ropa o ciertos alimentos— generando presiones inflacionarias o reduciendo el poder adquisitivo.
Además, si los importadores enfrentan mayores cargas administrativas, algunas pequeñas empresas podrían encontrar más difícil participar en el comercio internacional, reduciendo la competencia y limitando opciones para los consumidores.
¿Un giro hacia el neo-proteccionismo?
Estos cambios han abierto el debate sobre si México se encamina hacia una forma de neo-proteccionismo. No se trata de cerrar fronteras ni de imponer barreras tradicionales, sino de un modelo donde el aumento de controles y costos funciona como un filtro indirecto para las importaciones.
Este enfoque puede tener una lógica: proteger sectores productivos nacionales frente a competencia externa o prácticas desleales. Sin embargo, el riesgo es que, sin una estrategia industrial clara, las medidas terminen encareciendo productos sin generar verdaderos beneficios para la producción local.
En otras palabras, proteger sin fortalecer puede derivar en menos competitividad en lugar de más desarrollo.
La verdadera prioridad: fortalecer lo interno
Si el objetivo es construir una economía más resiliente, la discusión debería ir más allá de la recaudación y centrarse en cómo impulsar la capacidad productiva del país.
Esto implica apoyar de manera decidida al emprendimiento, facilitar el acceso a financiamiento, reducir trámites para abrir y operar negocios, e incentivar la innovación. Las micro, pequeñas y medianas empresas —que generan la mayor parte del empleo— requieren políticas que les permitan crecer, integrarse a cadenas de valor y competir tanto en el mercado nacional como internacional.
Sin un entorno favorable para las mipymes, cualquier intento de limitar o encarecer importaciones corre el riesgo de traducirse simplemente en precios más altos para la población, sin un fortalecimiento real de la industria.
Un equilibrio necesario
La modernización aduanera es necesaria en un mundo donde el comercio es cada vez más complejo y digital. Combatir la evasión y mejorar la transparencia son objetivos legítimos. No obstante, la clave está en encontrar un equilibrio entre recaudar, facilitar el comercio y fomentar el desarrollo productivo.
Si la reforma se percibe únicamente como un mecanismo para aumentar ingresos públicos, puede generar incertidumbre entre inversionistas y empresas. En cambio, si se acompaña de políticas claras para impulsar la producción nacional y combatir de manera efectiva el contrabando, podría convertirse en una herramienta para el crecimiento.
Al final, el debate no debería limitarse a la técnica aduanera, sino a una pregunta más amplia: ¿qué modelo económico quiere construir México? Uno basado principalmente en la fiscalización o uno que combine control con un impulso decidido al talento, la innovación y la competitividad interna.
