Washington D. C. — 8 de enero de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración prepara una nueva fase en la estrategia contra el narcotráfico, la cual incluiría ataques por tierra contra los cárteles de la droga, tras una etapa enfocada en operaciones marítimas y de interdicción.
De acuerdo con declaraciones recientes del mandatario, el objetivo es endurecer las acciones contra las organizaciones criminales responsables del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, particularmente aquellas vinculadas al fentanilo, sustancia que ha generado una grave crisis de salud pública en ese país.
La propuesta representa un endurecimiento del enfoque de seguridad de Estados Unidos frente al narcotráfico. Trump señaló que las operaciones navales y aéreas no han sido suficientes para frenar el flujo de drogas, por lo que su gobierno analiza acciones directas en tierra, aunque sin detallar aún el alcance, la ubicación o el marco legal de dichas operaciones.
El presidente ha reiterado que los cárteles constituyen una amenaza directa a la seguridad nacional, argumento con el que su administración busca justificar una respuesta más agresiva y de carácter militar.
El planteamiento ha generado preocupación en el ámbito internacional, especialmente en México, donde autoridades han insistido en que cualquier estrategia de seguridad debe respetar la soberanía nacional y basarse en la cooperación bilateral, no en acciones unilaterales.
Especialistas en política exterior advierten que una eventual operación terrestre enfrentaría retos legales y diplomáticos, ya que el uso de fuerzas armadas fuera del territorio estadounidense requiere procesos de autorización interna y acuerdos con los países involucrados.
El anuncio se produce en un contexto de tensión en la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos, donde el combate al narcotráfico, el tráfico de armas y la migración continúan siendo temas centrales. Analistas señalan que una escalada militar podría afectar la relación bilateral y abrir un debate sobre los límites de la cooperación en materia de seguridad.
Mientras tanto, el gobierno estadounidense no ha precisado fechas ni mecanismos concretos para la implementación de esta nueva fase, por lo que su viabilidad operativa y sus consecuencias políticas aún están por definirse.
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