Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 3 de noviembre de 2025
El gobierno del estado de Veracruz anunció que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla una partida de 8 000 millones de pesos para atender afectaciones en escuelas públicas y reforzar la infraestructura educativa, luego de los daños registrados por fenómenos naturales recientes.
Según cifras oficiales, al menos 457 escuelas en distintos municipios presentan algún tipo de afectación, y 111 de ellas fueron catalogadas con daños graves. La situación ha obligado a las autoridades a implementar el regreso a clases en sedes alternas, una medida emergente que si bien busca proteger la integridad de alumnos y docentes, también refleja la insuficiencia de mecanismos preventivos y de mantenimiento en el sistema educativo estatal.
El anuncio de la inversión ha sido presentado como una respuesta decidida ante la emergencia, pero no deja de generar interrogantes sobre la planificación previa, la capacidad de ejecución y el seguimiento efectivo de los recursos públicos. El hecho de que casi medio millar de planteles hayan resultado dañados evidencia una vulnerabilidad estructural prolongada, no corregida en ejercicios presupuestales anteriores.
Además del monto anunciado, resultará fundamental observar la forma en que serán asignados los recursos. No está claro aún si existirá un esquema público de priorización de obras, ni si habrá transparencia en los procesos de licitación y contratación. La implementación de sedes alternas también exige medidas adicionales para evitar una afectación prolongada en la calidad del aprendizaje, especialmente en comunidades con mayores niveles de marginación.
El gobierno estatal ha enfocado esta inversión principalmente en la región norte de la entidad, considerada una de las más afectadas. No obstante, la magnitud del deterioro sugiere que será necesario revisar a fondo el estado físico de los centros escolares en otras regiones, más allá de las zonas visibles o mediáticamente señaladas.
La eficacia de esta inversión dependerá no sólo de su ejecución técnica, sino también del seguimiento institucional que se le otorgue. Un presupuesto de esta escala, en un rubro tan sensible como la educación, exige indicadores públicos de avance, auditorías periódicas y rendición de cuentas puntual.
