Ciudad de México – 24 de octubre de 2025. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó un equipo de perforación propiedad del empresario Carlos Slim Helú, utilizado por una de sus empresas contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), como medida precautoria ante presuntos adeudos fiscales.
Detalles del caso
El embargo representa una acción poco común, ya que afecta a uno de los contratistas más importantes de Pemex. La autoridad fiscal aplicó una medida que permite asegurar activos productivos, incluso cuando se encuentran operando, con el fin de garantizar el pago de créditos fiscales.
De acuerdo con la información disponible, el equipo embargado pertenece a una compañía de Slim que opera en campos petroleros de Veracruz y Tabasco, especialmente en el campo “Ixachi”. El contrato en esta zona asciende a cerca de 1,991 millones de dólares e incluye la perforación de hasta 32 pozos, con pagos programados a partir de 2027.
Implicaciones y contexto
La medida del SAT representa un golpe directo al empresario más rico de México, ya que compromete parte de su infraestructura operativa dentro del sector energético. En los últimos meses, la autoridad fiscal ha intensificado los embargos y revisiones a proveedores de Pemex por presuntos adeudos de ISR, IVA y cuotas de seguridad social.
Ni el SAT ni Grupo Carso, la empresa de Slim vinculada al ramo de infraestructura petrolera, han emitido declaraciones oficiales sobre el embargo.
Qué sigue
Será relevante conocer los montos exactos del adeudo fiscal que motivó la medida, los activos específicos afectados y si el procedimiento se extenderá a otros equipos o contratos. También será importante analizar el impacto en las operaciones de Pemex y en la relación con sus contratistas, así como las implicaciones para la inversión privada en el sector energético.
El embargo ejecutado por el SAT contra una empresa contratista de Carlos Slim marca un precedente en la supervisión fiscal sobre activos en operación. Aunque el objetivo es garantizar el cumplimiento tributario, la acción podría tener repercusiones en las actividades petroleras y en la percepción de seguridad jurídica para el sector empresarial mexicano.
