Xalapa, Veracruz; 12 de enero de 2026— El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), encargado de revisar el uso de los recursos públicos y garantizar la rendición de cuentas, se encuentra en el centro de un debate creciente. A pesar de su papel clave en el sistema anticorrupción estatal, los resultados de los procesos de fiscalización y el volumen de cuentas públicas pendientes han abierto una pregunta de fondo: ¿está cumpliendo el ORFIS su función técnica o se ha convertido en un instrumento de control político?
El cuestionamiento no surge en el vacío. Datos oficiales del propio organismo indican que alrededor del 40% de los ayuntamientos de Veracruz mantiene observaciones sin solventar correspondientes a las cuentas públicas de 2022 y 2023, aun cuando varias de esas administraciones están por concluir su periodo. Esto implica que decenas de municipios arrastran posibles irregularidades financieras sin que exista claridad sobre sanciones, recuperación de recursos o responsabilidades administrativas.
Muchas observaciones, pocos resultados visibles
Entre 2019 y 2024, el ORFIS ha realizado más de mil 300 auditorías a entes estatales, municipales y organismos paramunicipales. Como resultado, se han detectado presuntos daños patrimoniales por montos superiores a los 2 mil 300 millones de pesos, principalmente en áreas como obra pública, adquisiciones y manejo presupuestal.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en el tamaño de las cifras, sino en su desenlace. Cientos de expedientes continúan en proceso de aclaración o sin solventarse, lo que ha generado la percepción de que la fiscalización se queda en la etapa de observación, sin avanzar con la misma contundencia hacia la sanción o la restitución del dinero público.
Denuncias acumuladas y procesos inconclusos
El ORFIS ha informado que en los últimos años ha presentado más de 350 denuncias por presuntas irregularidades derivadas de la revisión de cuentas públicas, muchas de ellas canalizadas a instancias investigadoras. No obstante, existe poca información pública sobre cuántas de estas denuncias han derivado en resoluciones firmes, sanciones ejemplares o sentencias, lo que debilita la percepción de efectividad del sistema de fiscalización.
Este rezago alimenta una crítica recurrente: la fiscalización existe, pero sus consecuencias son difusas.
La gestión de Delia González Cobos bajo escrutinio
Sin imputaciones directas de ilegalidad, la administración de Delia González Cobos al frente del ORFIS ha sido señalada por diversos actores políticos y analistas por la falta de resultados contundentes. Las decisiones sobre el seguimiento de observaciones, la priorización de casos y el ritmo de los procedimientos han sido percibidas como poco transparentes, lo que ha generado dudas sobre la autonomía real del organismo.
En este contexto, se ha instalado la idea de que el ORFIS funciona más como un mecanismo de presión política sobre los ayuntamientos que como un órgano técnico independiente, especialmente cuando las observaciones no derivan en consecuencias proporcionales al tamaño de las irregularidades detectadas.
Capacitación: prevención o control
El organismo ha defendido su labor a través de programas de capacitación dirigidos a autoridades municipales, con el objetivo de mejorar la integración de cuentas públicas. Si bien estas acciones pueden interpretarse como preventivas, también han sido leídas como una forma de marcar líneas de control político, en un entorno donde la fiscalización puede usarse como instrumento de negociación o advertencia.
El fondo del debate
Más allá de nombres y cargos, el debate de fondo es estructural. La acumulación de cuentas públicas sin solventar, la falta de información clara sobre sanciones y la escasa recuperación visible de recursos públicos plantean una interrogante central:
¿El ORFIS está fortaleciendo la rendición de cuentas en Veracruz o administrando políticamente las irregularidades?
Mientras no exista mayor claridad sobre el destino de las observaciones, el cierre efectivo de expedientes y la aplicación de sanciones proporcionales, la fiscalización seguirá siendo vista como un proceso incompleto, incapaz de generar confianza ciudadana y de cumplir plenamente con su función constitucional.
