Dr. José Antonio Molina Hernández
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su “Plan Maestro 2026”, un documento que define las directrices de la política de recaudación para el corto plazo y que fija como meta una recaudación histórica de 5.8 billones de pesos. El anuncio se inscribe en un contexto de presiones fiscales crecientes, compromisos de gasto social y la necesidad de mantener estabilidad macroeconómica sin recurrir a nuevos impuestos. Sin embargo, más allá de la cifra, el Plan merece un análisis crítico sobre su alcance real, sus riesgos y sus implicaciones para la relación Estado–contribuyente.
El Plan se articula en tres ejes: atención cercana al contribuyente, fiscalización transparente y combate a las facturas falsas. En el discurso, estos pilares buscan consolidar una nueva cultura contributiva basada en la confianza y el cumplimiento voluntario. En la práctica, el desafío radica en que “una administración tributaria más eficiente no siempre es sinónimo de una administración más legítima”.
El primer eje, centrado en una atención “honesta, cercana y con calidez”, representa un cambio relevante en la narrativa institucional del SAT. La apertura de nuevas oficinas, la ampliación del programa de Oficina Móvil y la digitalización de trámites apuntan a reducir costos de cumplimiento, uno de los principales obstáculos para pequeños contribuyentes y personas físicas. Desde la teoría de las finanzas públicas, esta estrategia es consistente con los modelos de “tax compliance”, que señalan que la simplificación administrativa incrementa el cumplimiento voluntario.
No obstante, el problema estructural no es solo el acceso a trámites, sino la “desigualdad en la capacidad administrativa del propio SAT”. Ampliar oficinas y servicios sin una inversión proporcional en personal capacitado y sistemas tecnológicos robustos corre el riesgo de traducirse en cuellos de botella, atención desigual y, paradójicamente, mayor frustración para los contribuyentes.
El segundo eje, la implementación de esquemas de fiscalización transparentes y objetivos, es quizás el más relevante —y el más delicado— del Plan Maestro. El SAT propone auditorías focalizadas, basadas en criterios de riesgo, para concentrar esfuerzos en quienes presentan irregularidades. En teoría, este enfoque es deseable: reduce la discrecionalidad y protege a los contribuyentes cumplidos. Sin embargo, “la transparencia prometida dependerá de la claridad con la que estos criterios sean comunicados y aplicados”.
La experiencia internacional muestra que los modelos de fiscalización basados en riesgo pueden derivar en opacidad si no existen mecanismos claros de rendición de cuentas. El contribuyente no solo exige eficiencia, sino certeza jurídica. Sin reglas comprensibles y uniformes, el riesgo es que la fiscalización selectiva sea percibida como arbitraria, erosionando la confianza institucional que el propio Plan dice buscar.
El tercer eje, el combate a la compraventa de facturas falsas, retoma una agenda que el SAT ha impulsado con fuerza en los últimos años. Nadie cuestiona la necesidad de erradicar estas prácticas que dañan la recaudación y distorsionan la competencia económica. Sin embargo, el enfoque sigue siendo predominantemente punitivo. El plazo de 30 días para autocorregirse puede ser insuficiente para empresas que, sin dolo directo, fueron parte de esquemas complejos diseñados por terceros.
Aquí emerge una pregunta clave desde las finanzas públicas: “¿hasta qué punto la estrategia distingue entre evasión deliberada y fallas estructurales del sistema fiscal?” Un combate eficaz a la facturación falsa requiere no solo sanciones, sino también prevención, trazabilidad y simplificación normativa.
En conjunto, el Plan Maestro 2026 muestra avances técnicos importantes y una narrativa institucional más sensible al contribuyente. Sin embargo, su éxito no debe medirse únicamente en pesos recaudados. La verdadera prueba será si logra fortalecer la legitimidad del sistema tributario, reducir la informalidad y generar una percepción de justicia fiscal.
Recaudar más es indispensable, pero recaudar mejor —con equidad, transparencia y confianza— sigue siendo el gran pendiente de la política fiscal en México.
