Por: Redacción El Censal | Tamiahua, Veracruz| 27 de febrero 2026
Las autoridades electorales del estado de Veracruz han dado pasos firmes para la realización de la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Tamiahua, luego de que la elección ordinaria del 1 de junio de 2025 fuera anulada por un rebase de los topes de gastos de campaña que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró como una violación grave a la normativa. La nueva jornada comicial está programada para el 29 de marzo de 2026, y la administración municipal electa asumirá funciones el 1 de junio, con mandato hasta el 31 de diciembre de 2029.
La nulidad se decretó luego de que se acreditara que la candidata inicialmente ganadora —postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Citlali Medellín Careaga— rebasó el tope de gastos autorizados en más del 63 % al reportar gastos no justificados que superaron el límite permitido, afectando los principios de equidad y certeza de la contienda electoral.
Ante esta situación, el Congreso del Estado de Veracruz nombró un Concejo Municipal que funge como autoridad municipal interina hasta la toma de protesta de los nuevos funcionarios. Adicionalmente, las autoridades electorales ya aprobaron los topes de gastos de precampaña y campaña para el proceso electoral extraordinario, así como el plan de financiamiento público que permitirá el desarrollo de la contienda con equidad entre las y los aspirantes.
Lo que sigue en el proceso electoral
Para organizar la elección extraordinaria, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz) ha elaborado el Plan y Calendario Integral, que incluye la instalación de casillas, supervisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como la publicación de información oficial de candidaturas a través de plataformas digitales accesibles para la ciudadanía. Se espera que este proceso se desarrolle con mayor transparencia y vigilancia que la elección anulada, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas para todas las fuerzas políticas.
Además, la consejera presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, ha insistido en que los partidos políticos deberán ajustarse a los nuevos topes de gastos para evitar reincidir en prácticas que vulneren la equidad de la contienda.
Análisis económico y financiero del caso: impacto y lecciones clave
Desde una perspectiva de economía y finanzas públicas, el caso de Tamiahua ofrece varios puntos relevantes sobre el costo de irregularidades y la importancia del control fiscal en procesos electorales:
1. Costos adicionales por elección extraordinaria
La repetición de una elección no solo tiene implicaciones políticas, sino también impactos presupuestarios directos. De acuerdo con estimaciones, organizar una elección extraordinaria —con la logística de casillas, materiales electorales, personal operativo y vigilancia— puede representar un gasto cercano a 3 millones de pesos para el OPLE Veracruz. Este monto es adicional al presupuesto ordinario aprobado para procesos electorales y debe ser cubierto con recursos públicos destinados específicamente a elecciones, lo que puede desviar fondos de otras prioridades locales.
2. Eficiencia y fiscalización: una decisión económica
El control riguroso de los topes de gastos de campaña no solo busca equidad política, sino también eficiencia en el uso de recursos públicos. Cuando un candidato excede el límite legal, representa una ventaja injusta que distorsiona la competencia, pero también pone en riesgo la inversión pública destinada al financiamiento de las campañas. La Sala Superior del TEPJF concluyó que el rebase del 63 % era suficientemente grave para alterar las condiciones de la elección, lo cual explica por qué optó por la nulidad total.
3. Incentivos y riesgo financiero para partidos políticos
Los partidos políticos que no respetan los límites de gasto establecen un mala práctica financiera interna que puede tener consecuencias fiscales y de reputación. Además de perder una elección, enfrentan sanciones que pueden inhibir la competitividad futura y minar la confianza del electorado. En este caso, la candidata sancionada quedó inhabilitada para competir en la elección extraordinaria y su partido debe reconfigurar su estrategia y gasto.
4. Implicaciones para la confianza pública y costos sociales
Finalmente, repetir un proceso electoral por irregularidades fiscales tiene un costo social: la percepción ciudadana de la calidad institucional y de la responsabilidad en el manejo de recursos públicos puede verse deteriorada. Esto puede traducirse en menor participación, escepticismo sobre la democracia y presión política para fortalecer mecanismos de fiscalización y auditoría en futuros procesos.
