Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 15 de Marzo 2026
La primera derrota legislativa de Claudia Sheinbaum no canceló la reforma electoral; la volvió más terrenal. El 11 de marzo, la Cámara de Diputados rechazó su iniciativa constitucional: obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, lejos de la mayoría calificada. La propuesta original buscaba recortar en 25% el gasto del sistema electoral. Tres días después, el Gobierno y sus aliados perfilaron un “Plan B” más acotado, negociado con PVEM y PT, cuyo eje ya no es rediseñar la representación nacional, sino bajar costos en los engranajes locales del poder.
Según la Presidencia, el nuevo paquete estima ahorros por 4,000 millones de pesos y plantea cinco movimientos: limitar presupuestos de congresos estatales, reducir regidurías en ayuntamientos según población, fortalecer consultas populares, adelantar la revocación de mandato y ajustar salarios de funcionarios electorales. El giro importa. Después del tropiezo en San Lázaro, Sheinbaum parece haber entendido que, en México, reformar la democracia por la vía mayoritaria exige menos épica constitucional y más cirugía en leyes e instituciones subnacionales.
Veracruz es un laboratorio natural de esa apuesta. El estado renovó en 2025 sus 212 ayuntamientos, una escala que vuelve especialmente sensible cualquier recorte en regidurías o gasto municipal. Además, el Presupuesto de Egresos 2026 asignó 843.7 millones de pesos al Poder Legislativo local y 665.7 millones al OPLE Veracruz. En otras palabras: solo entre Congreso y autoridad electoral local, la arquitectura institucional veracruzana rebasa los 1,509 millones de pesos anuales. Para una Presidencia obsesionada con la austeridad, pocos estados ofrecen una vitrina más nítida del argumento reformista.
Hay, además, una razón política menos visible. Veracruz combina maquinaria territorial, fragmentación municipal y alta exposición electoral. El INE validó para los comicios locales de 2025 en Veracruz y Durango una lista nominal conjunta de 7.54 millones de personas; solo en Veracruz hubo 2,780 personas en lista nominal para voto en prisión preventiva y 418 para voto anticipado, señales de un sistema cada vez más amplio, pero también más caro de operar. Si el Plan B logra venderse como una racionalización —no como captura—, Veracruz puede convertirse en la prueba de que la austeridad electoral no necesariamente reduce participación, sino que obliga a administrarla mejor.
La duda no es si habrá resistencia; la habrá. La pregunta relevante es otra: si Morena consiguió, tras el fracaso inicial, una versión más pactada y menos disruptiva de la reforma, ¿podrá convencer de que adelgazar cabildos y congresos mejora la representación en vez de encogerla? En Veracruz, donde el costo de gobernar está repartido entre cientos de cargos locales, esa pregunta ya dejó de ser teórica.