Ciudad de México — El panorama migratorio en México está experimentando una transformación significativa. Según datos recientes del Monitoreo de Protección 2025 realizado por la ACNUR y organizaciones civiles, el 66% de los migrantes extranjeros que se encuentran en territorio mexicano ya consideran a México como su destino final, mientras que solo el 31% insiste en continuar su camino hacia Estados Unidos.
Este cambio de tendencia se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense, especialmente desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025. Las restricciones y agresivas políticas fronterizas han llevado a que miles de personas, que originalmente veían a México solo como un país de tránsito, ahora busquen reconstruir sus vidas aquí.
Cifras clave del fenómeno:
-
Solicitudes de asilo: De enero a septiembre de 2025, más de 58,800 extranjeros solicitaron asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), manteniéndose cifras altas similares a años anteriores.
-
Deportaciones: Entre el 20 de enero y el 10 de diciembre de 2025, Estados Unidos deportó a México a casi 12,000 migrantes extranjeros.
-
Integración laboral: El programa de la ACNUR ha logrado que 115,000 refugiados se integren a la economía formal desde 2021, aportando anualmente más de 275 millones de pesos en impuestos.
Violencia, el principal motor El estudio revela que las causas del desplazamiento siguen siendo críticas. En 2025, el 61% de los encuestados citó la violencia, amenazas e intimidación como la razón principal para abandonar sus países de origen, un aumento respecto al año anterior. Además, el 80% afirmó que su integridad estaría en grave riesgo si regresaran.
Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México, señaló que a pesar de las complejidades, el país ha demostrado capacidad para ser un lugar de asilo. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos que enfrentan los solicitantes, como la sobrepoblación en albergues del norte del país y la falta de servicios adecuados.
Expertos y organizaciones civiles también denuncian obstáculos burocráticos, como la disminución drástica en la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que deja a miles en un “limbo” legal y vulnerables a devoluciones que podrían violar sus derechos humanos.
