El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) informó que, con la entrada en funciones del nuevo sistema del Poder Judicial de la Federación en septiembre pasado, las empresas y bancos mexicanos han presentado menos juicios de amparo en comparación con periodos anteriores.
De acuerdo con Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, esta reducción en los amparos “habla de los nuevos tiempos del Poder Judicial” y tendrá implicaciones económicas para las instituciones financieras y grandes empresas.
Por su parte, Nora Morales, integrante del mismo comité, señaló que los recientes cambios a la Ley de Amparo impactan principalmente en la posibilidad de impugnar créditos fiscales firmes.
Implicaciones económicas
La menor frecuencia de amparos implica nuevos riesgos y costos para el sector privado. Las empresas y bancos podrían enfrentar mayor incertidumbre jurídica, lo que podría reflejarse en un mayor costo de crédito o en mayores provisiones ante posibles contingencias.
Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación establecen sanciones más severas para la emisión de comprobantes fiscales simulados o inexistentes y también limitan el derecho de réplica de los contribuyentes frente a dichas actuaciones.
Este entorno jurídico más estricto puede llevar a que los costos operativos de las empresas —y por ende de sus clientes— se ajusten al alza, afectando la competitividad y las inversiones.
Para Veracruz y el contexto regional
En el caso de Veracruz, considerada una economía que busca atraer inversión industrial, logística y de servicios, esta situación jurídica puede tener efectos concretos. Las empresas que consideraban al estado como destino de inversión deberán incorporar mayor análisis del entorno regulatorio y judicial en sus decisiones de ubicación o expansión.
Para el medio corporativo veracruzano, la menor posibilidad de amparo implica que conviene fortalecer sus estrategias de cumplimiento fiscal y normativo para evitar sanciones o contingencias costosas.
Desde la perspectiva de los municipios y del estado, este entorno jurídico más firme puede interpretarse como un factor de estabilidad, lo que podría atraer inversiones si se comunica adecuadamente y se acompaña de eficiencia administrativa.
El IMEF advierte que el nuevo sistema del Poder Judicial y los cambios legales relacionados están generando una reducción en los amparos de empresas y bancos, lo que introduce nuevas variables de riesgo en el sector financiero y corporativo.
Para Veracruz, esta dinámica exige que tanto inversionistas como autoridades locales incorporen con mayor atención el entorno jurídico en sus estrategias de crecimiento y posicionamiento.
