José Guadalupe Altamirano Castro
Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Pública, Maestro en Derecho Procesal Penal, Doctor en Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel 1. Miembro del Padrón de Investigadores del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEYCIDET). Actualmente es Profesor-Investigador de El Colegio de Veracruz.
Este documento de carácter normativo y que vincula a los países firmantes constituye un marco de referencia que posibilita, en la medida en que no se oponga a lo dispuesto en las legislaciones de cada uno de los países de la región, una ordenación de los derechos y deberes del ciudadano en relación con la administración pública, los cuales pueden adecuarse a las particularidades de las normas relacionadas a la administración pública y a la idiosincrasia de cada uno de los países iberoamericanos.
En su capítulo primero se estipula su objeto sustantivo, teniendo como finalidad el reconocimiento del derecho fundamental de la persona a la buena administración pública y de sus derechos y deberes componentes. Así, los ciudadanos iberoamericanos podrán asumir una mayor conciencia de su posición central en el sistema administrativo y, de esta forma, poder exigir de las autoridades, funcionarios, agentes, servidores y demás personas al servicio de la administración pública, actuaciones caracterizadas siempre por el servicio objetivo al interés general y consecuente promoción de la dignidad humana.
El extracto que se pretende traer a colocación es lo relacionado a la comprensión del derecho humano a la buena administración pública, desde la concepción misma como exigible por el ciudadano, no solo como obligación del estado para garantizarlo sino de esa posibilidad que le concierne a los gobernados de tener el control de la función pública desde esa óptica.
Como se ha sostenido en otros esscritos, construido teóricamente en europa y hoy extendido a todo el orbe, en mayor o menor proporción como es el caso, parcialmente en México.
En este sentido, por ejemplo, desde la participación ciudadana puede hacer exigible la participación directa de este sector en los procesos de designaciones públicas, esa sería una forma de hacer el valer este derecho. Otra, cercana a la propuesta que se sostiene, haciendo exigibles perfiles en todos los niveles de la administración de los asuntos públicos, empezando por el ámbito municipal.
Por ello, para redondear el contexto internacional del derecho a la buena administración pública, se sella este apartado con las dimensiones con que se asume este derecho, o dicho de otra manera, desde los sentidos en que debe comprenderse.
Como principio. Es un principio general de aplicación a la Administración Pública y al Derecho Administrativo.
Como obligación. Es una obligación de toda Administración Pública que se deriva de la definición del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmente de la denominada tarea promocional de los poderes públicos en la que consiste esencialmente la denominada cláusula del Estado social: crear las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y facilitando la participación social.
Como derecho fundamental. Desde la perspectiva de la persona, se trata de un genuino y auténtico derecho fundamental a una buena Administración Pública, del que se derivan, como reconoce la presente Carta, una serie de derechos concretos, derechos componentes que definen el estatuto del ciudadano en su relación con las Administraciones Públicas y que están dirigidos a subrayar la dignidad humana.
En las siguientes entregas se profundizará en la buena administración pública como enfoque teórico desde diferentes ámbitos.
