José Guadalupe Altamirano Castro
Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Pública, Maestro en Derecho Procesal Penal, Doctor en Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel 1. Miembro del Padrón de Investigadores del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEYCIDET). Actualmente es Profesor-Investigador de El Colegio de Veracruz.
Gobiernos Profesionales
La perspectiva teórica identificada como de la elección pública se puede catalogar como aquel paradigma que identifica los fines utilitaristas que implica estar inserto en la burocracia, de acuerdo con Mueller, es “el estudio económico de la adopción de decisiones que pertenecen a situaciones de no mercado o, simplemente, la aplicación de la economía a la ciencia política” (Mueller, citado por Moctezuma, 1999:31).
La modernización administrativa utiliza la elección pública para evaluar el comportamiento de la burocracia, partiendo del postulado de que los individuos son seres egoístas, racionales y maximizadores de su propia utilidad. De este modo, se pretende explicar de qué modo los problemas que enfrentan los funcionarios públicos afectan el comportamiento estratégico del gobierno, así como su desempeño.
De manera general, los modelos de elección pública asumen que el proceso de diseño, definición e implementación de políticas públicas se determina de acuerdo con los esfuerzos de los individuos y grupos de interés para promover sus intereses particulares. Al respecto Olson citado por Moctezuma (1999), ( )…menciona que si el número de personas en un grupo es suficientemente pequeño, o si existe la coerción o algún otro dispositivo especial para que los individuos actúen en pro de un interés común, los seres racionales guiados por su propio interés no actuarán para lograr el interés común o de grupo.
Lo anterior, significa que cada individuo contribuye sólo con una pequeña parte a la acción conjunta; por lo que el retiro de dicha aportación no se considera suficiente para afectar el éxito o fracaso esperado de los objetivos conjuntos. Consecuentemente, debido a este problema del oportunista, se obstruye a los grupos de interés en su intento por comprometerse en una acción de bienestar colectiva.
De este modo, y al igual que el Nuevo Institucionalismo, la teoría de la elección pública parte del supuesto de que, para entender el comportamiento del gobierno, es fundamental entender primero el comportamiento de las personas que lo integran. En este sentido, la teoría de la elección pública es una herramienta fundamental de la modernización administrativa, debido al énfasis metodológico sobre incentivos en que se sustenta, y a que tiene su origen axiológico en el principio de que ningún valor social discernible existe independientemente de los valores individuales, por lo que las acciones individuales ofrecen elementos significativos a la política pública para evaluar la acción colectiva.
Finalmente, el enfoque normativo de la elección pública se concentra en el proceso de intercambio y no tanto en el de la elección, mismo que usualmente constituye el centro de atención del análisis económico neoclásico tradicional. En la medida en que los derechos se someten a una redefinición continua por el Estado, nadie tiene incentivos para organizar e iniciar negocios o contratos.
Lo anterior, equivale a decir que cuando el cuerpo político comienza a preocuparse abiertamente acerca de la distribución del pastel, bajo las asignaciones de los derechos de propiedad y las disposiciones legales; cuando comenzamos a pensar en las ganancias personales derivadas del incumplimiento de la ley, en privado o en público, o en las disparidades entre las imputaciones reales y las que se estima que se presentarán bajo alguna anarquía idealizada, estamos impidiendo y previniendo, por fuerza, la realización de los cambios estructurales potenciales susceptibles de incrementar el tamaño del pastel para todos.
Por lo tanto, la teoría de la elección pública hace hincapié en el intercambio sustentado en la regla del consenso y de la compensación. Así, tanto el nuevo institucionalismo económico como la teoría de la elección pública ofrecen un reciente paradigma teórico a la administración pública, que le permitirá ser más eficiente porque se sustenta en axiomas de mayor predictibilidad sobre la conducta y esencia de los individuos, colectividades e instituciones.
El escenario ideal sería que el Estado a través de perfiles profesionales, le permita a los servidores públicos al menos en el nivel de mandos medios actuar mediante tareas o actividades que le son propias, planeadas y no de una manera improvisada, inconsistente cambiante y discontinua. Se trata de que el gobierno las realice utilizando la experiencia y formación profesional de aquellas personas consideradas como las más adecuadas, más idóneas en cada uno de los puestos encargados de llevar a cabo las decisiones y políticas conducentes a la prestación de los servicios que el estado proporciona a su comunidad.
Groso modo se puede exponer que el servicio público y profesional no camina con la certeza que exigen los tiempos modernos, mucho menos responde a las expectativas de los verdaderos servidores públicos, que si los hay, y que alzan la voz para solicitar oportunidades para crecer y aportar toda su vasta experiencia y su profesionalismo al servicio del país.
Fuentes de consulta:
Moctezuma, B. E. y Roemer A. (1999), Por un gobierno con resultados, el servicio civil de carrera: un sistema integral de profesionalización, evaluación y desempeño de los servidores públicos en México. Fondo de Cultura Económica.
