GOBIERNOS PROFESIONALES
José Guadalupe Altamirano Castro
Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Pública, Maestro en Derecho Procesal Penal, Doctor en Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel 1. Miembro del Padrón de Investigadores del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEYCIDET). Actualmente es Profesor-Investigador de El Colegio de Veracruz.
El Estado es una agrupación humana, fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. Se considera también como la forma en la que está organizado políticamente un país, así como como la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población.
De lo anterior se pueden obtener los elementos esenciales que constituyen o integran a un estado, los cuales son el territorio, la población y en el gobierno. El territorio se comprende como el espacio físico en donde los individuos conviven en sociedad, constituye uno de los elementos esenciales del Estado. Éste es necesario para que el estado realice sus funciones y cumpla sus fines. La población se entiende como aquel grupo formado por personas que viven en un determinado lugar. Desempeña, desde el punto de vista jurídico, un papel doble, como objeto o como sujeto de la actividad estatal.
El concepto del estado moderno se comprende a partir del monopolio de la fuerza, que garantiza el poder de decisión del estado. El Estado es el que tiene el monopolio legítimo de la fuerza. El monopolio de la fuerza debe ser legítimo porque tiene que hacerse dentro del marco del estado de derecho, conforme al marco normativo.
En esencia resulta relevante identificar los diversos elementos que integran al estado, porque esto permite comprender su naturaleza e integración, sin embargo, su importancia no solo estriba en su conformación sino más bien en lo que se ha señalado como su objeto, alcanzar el bien común de la comunidad social, y es precisamente en este orden de ideas, que debe entenderse que uno de los objetivos fundamentales del Estado moderno como ente público es servir a la ciudadanía con políticas públicas y programas que contribuyan al bien común.
De tal suerte que el estado mexicano en su calidad de estado soberano, de estado moderno, está obligado a constituirse en instrumento al servicio de los mexicanos, permitiendo su desarrollo, así como el bien común. Para dar cumplimiento a dicha función nuestra constitución federal ha establecido en su numeral 25, la responsabilidad que tiene el estado mexicano en su consecución, en la rectoría del desarrollo nacional y que se complementa con lo estipulado por el artículo 26 constitucional.
Bajo este compromiso institucional es pertinente recordar que México es una república federal compuesta por entidades federativas autónomas en su régimen de gobierno interno, y que además el poder supremo de la federación se divide en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, atendiendo a la intencionalidad con la que en su momento Montesquieu planteó esta teoría, que no era más que evitar la concentración del poder en una sola persona, mantener un equilibrio entre los diversos poderes, así como que significara un sistema de contrapesos, que actualmente se sabe no se cumple a cabalidad por la invasión o intromisión de unos poderes sobre otros, sobre todo del ejecutivo hacia los otros dos poderes, como ha ocurrido a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas en la etapa moderna del país.
Los gobiernos son la forma de representación de los estados, en tanto que el estado como se ha señalado es la forma de organización de una comunidad política. Los estados crean cargos con funciones específicas –función administrativa, función jurisdiccional y función legislativa- para encomendar responsabilidades a un sector denominado, servidores públicos, que bajo ciertos procedimientos especiales contemplados en el marco normativo acceden a estos espacios públicos.
Estos cargos tienen un grado de responsabilidad muy elevado por lo que se requiere de un grupo reducido de personas capaces para su conducción, que deben reunir ciertos requisitos y perfiles en la justa proporción de la visión, misión, atribuciones y responsabilidades que demanda el cargo a desempeñar. Ese grupo de personas llamados a la alta y honrosa responsabilidad de gobernar constituye el gobierno.
El gobierno es, por tanto, la forma como se manifiesta el estado. Para organizarlo existen variadas posibilidades; por la forma en que se eligen a los jefes de Estado existen las repúblicas –caso de México- o monarquías; por el grado de participación y libertades, democráticos, autoritarios y totalitarios; además del presidencialismo y parlamentarismo.
El caso de México es una república federal, con un sistema democrático y un régimen presidencialista, ampliándose más adelante desde lo estipulado en la Constitución. Por ello, es necesario el análisis del elemento gobierno personificado en el servidor público, y como éste se ejerce para cumplir el fin último y primordial del Estado, que es el bien común, aunque para alcanzarlo deba cumplir otros fines secundarios, y usar toda la maquinaria burocrática a su disposición. Por ello, en un Estado que debiera presumirse como democrático se entiende que su objeto primordial es procurar el bien común o bienestar general, que se traduce en alcanzar la prosperidad, tanto de la sociedad como del individuo en todas sus facetas y aspectos.
