Jesús Alberto López González
Doctor en Gobierno (London School of Economics and Political Science), maestro en Políticas del Desarrollo en América Latina y licenciado en Relaciones Internacionales (UNAM).
Profesor investigador en El Colegio de Veracruz, y director general (2010-2012). Miembro del SNI (2010-2015) y fundador de la Red de Investigación CONAHCYT sobre Calidad de la Democracia. Becario del CHDS en EE. UU. Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe en el Senado. Embajador de México en Trinidad y Tobago (2016-2018).
Ha sido profesor invitado en el CISEN, CESNAV, la Universidad de Londres, la UDLA Puebla, la Universidad Anáhuac y la Universidad Veracruzana.
México vive un momento de movilización simultánea que no se explica por un solo conflicto, sino por la acumulación de varias tensiones que maduraron al mismo tiempo. Lo que inició como reclamos de transportistas por la inseguridad en las carreteras evolucionó rápidamente hacia un escenario más complejo: agricultores, maestros, doctores y enfermeras, jubilados, colectivos de mujeres y grupos juveniles se activaron simultáneamente, formando un mosaico de demandas diversas que convergen sin necesidad de coordinación explícita sin requerir acuerdos previos. El punto crítico llegó cuando agricultores y transportistas lograron bloquear el mismo día vías en 24 estados, afectando cerca de cuarenta puntos carreteros. La capacidad de articulación territorial demostrada ahí no implica necesariamente un liderazgo unificado, aunque sí pone en evidencia una coincidencia estructural de malestares que se amplifican entre sí.
Esta dinámica recuerda el diagnóstico formulado por Samuel Huntington en Political Order in Changing Societies. Para el autor, los periodos de modernización o transformación institucional suelen generar incrementos en la participación social que superan la capacidad del sistema político para canalizarlos. Huntington (1968) lo expresa con claridad: “When the students demonstrate, the workers strike, the peasants revolt, and the military coup, the problem is not liberty but the lack of political order” ( p. 8). Esta frase no sugiere un paralelismo mecánico ni un desenlace inevitable, sino que subraya el punto central, cuando múltiples sectores se movilizan a la vez, el reto trasciende la protesta aislada, sino la insuficiencia de las instituciones para procesar demandas simultáneas, crecientes y heterogéneas. Como plantean Tarrow (2011) y Tilly (1995) los ciclos de protesta no emergen de manera aleatoria, suelen abrirse cuando la capacidad estatal de respuesta se desacopla del ritmo de las transformaciones sociales. Este desfase genera ventanas de movilización simultánea, en las que distintos grupos perciben que el costo de protestar disminuye y la posibilidad de incidir aumenta. La protesta de un sector funciona como señal para los demás, reduciendo la incertidumbre y generando una cadena de activación colectiva
El caso mexicano encaja parcialmente en esta lógica. Los maestros mantienen bloqueos en regiones específicas; las mujeres marchan contra la violencia de género; los jóvenes protestan por oportunidades económicas; los transportistas exigen seguridad; y los productores rurales reclaman precios justos y certidumbre regulatoria. Cada grupo plantea un reclamo legítimo y específico, pero cuando todos se expresan simultáneamente, el resultado no es una suma simple, sino un entorno social en el que distintas tensiones se refuerzan mutuamente. Es esta acumulación —más que el contenido de cada demanda— la que genera la percepción de un ambiente social tenso, incierto y potencialmente escalable.
Los paralelismos internacionales refuerzan esta interpretación. En Chile en 2019, en Colombia en 2021 o en Francia con los “chalecos amarillos”, la convergencia de protestas sectoriales creó escenarios en los que la agenda pública se tornó sumamente volátil, sin que los gobiernos lograran articular una respuesta integral. La evidencia comparada muestra que los gobiernos que logran desactivar estos ciclos no lo hacen mediante la coerción ni mediante negociaciones aisladas, sino mediante estrategias que reconocen la legitimidad de los reclamos, articulan respuestas creíbles y restauran la capacidad institucional de absorber las energías sociales antes de que desborden el sistema político.
México no enfrenta un colapso del orden político, pero sí una confirmación de la advertencia de Huntington: la estabilidad depende menos de evitar la protesta que de contar con instituciones suficientemente robustas para canalizarla y procesarla antes de que se acumule en un punto de tensión sistémica. La pregunta clave no es si habrá más protestas, sino si las instituciones mexicanas lograrán reinventar mecanismos de procesamiento político antes de que la acumulación genere un desbordamiento
