Neurodiversidad, inclusión y política educativa en la educación superior.

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Esp. Luis Arturo Acosta Rodríguez

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana (UV) y Especialista en promoción de la lectura. Promotor de lectura, docente y conferencista con experiencia en el diseño e impartición de talleres de inclusión, accesibilidad y sensibilización sobre discapacidad.

El concepto de neurodiversidad, acuñado a finales de la década de 1990, refiere a la variación natural en el funcionamiento del cerebro humano. Este término abarca condiciones como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el trastorno del espectro autista (TEA), la dislexia y otras diferencias neurológicas que forman parte del neurodesarrollo humano. Diversos estudios estiman que las personas neurodivergentes representan entre el 15 % y el 20 % de la población mundial. 

Lejos de concebir estas diferencias como déficits individuales, el enfoque de la neurodiversidad propone una comprensión basada en las fortalezas, reconociendo que la diversidad neurocognitiva amplía el espectro de habilidades, talentos y perspectivas humanas. No obstante, en los sistemas educativos persisten mitos, prejuicios e ideologías normalizadoras que continúan legitimando prácticas excluyentes. Estas narrativas, reproducidas tanto por docentes como por madres y padres de familia, suelen traducirse en intervenciones que afectan negativamente la trayectoria formativa de los estudiantes neurodivergentes. 

A pesar de los avances discursivos en materia de inclusión, los estudiantes neurodivergentes siguen enfrentando barreras significativas en los entornos educativos, particularmente en la educación superior. Ello se debe, en gran medida, a la persistencia del modelo médico de la discapacidad, el cual reduce la pluralidad de formas de comprensión, aprendizaje y expresión a un problema individual que debe ser tratado, corregido o rehabilitado. 

Esta lógica no solo limita la comprensión de la neurodiversidad, sino que también desplaza la responsabilidad institucional en la creación de entornos accesibles. Al no priorizar la accesibilidad como un principio estructural de la educación, se perpetúan ciclos de ignorancia, exclusión y marginación que impactan de manera directa en las trayectorias académicas y profesionales de las personas con discapacidad. 

La educación constituye un indicador clave del bienestar, la movilidad social y la calidad de vida de las personas con discapacidad. En este sentido, una educación superior inclusiva debe examinar de manera integral todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando apoyos y ajustes que respondan a la diversidad del estudiantado. 

Este desafío se ha intensificado en el contexto posterior a la pandemia por COVID-19, donde la educación híbrida y en línea constituye una modalidad permanente. Si bien estas modalidades pueden ampliar el acceso, también pueden profundizar desigualdades cuando no se diseñan desde criterios de accesibilidad e inclusión. 

En el caso mexicano, los datos de la ANUIES y del INEGI revelan que menos del 4 % de la matrícula total de educación superior está compuesta por estudiantes con discapacidad. Sin embargo, la neurodivergencia, como el TDAH o los trastornos del espectro autista, no se reporta de manera sistemática en las estadísticas universitarias. Esta ausencia evidencia una brecha crítica en la recolección de datos y en el diseño de políticas educativas orientadas a identificar y atender la diversidad funcional, limitando la formulación de estrategias de inclusión efectivas. 

Las diferencias de aprendizaje asociadas con la neurodiversidad afectan procesos cognitivos que, en muchos casos, no son fácilmente observables. En entornos de aprendizaje en línea, esta característica puede profundizar la invisibilización de las necesidades educativas específicas, ya que la ausencia de indicadores físicos tiende a ocultar las dificultades, impidiendo la implementación oportuna de ajustes razonables y estrategias pedagógicas inclusivas. 

Así, la virtualización de la educación, sin un enfoque deliberado de accesibilidad, corre el riesgo de reforzar modelos homogéneos de enseñanza que penalizan la diferencia y normalizan la exclusión. 

La Teoría de Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner propone una perspectiva integradora al explicar el desarrollo humano a partir de la interacción entre personas, procesos, contextos y tiempos, organizados en sistemas interrelacionados. Desde este enfoque, las experiencias de inclusión y accesibilidad de los estudiantes neurodivergentes están moldeadas por sistemas que se entrecruzan: el campus universitario, los servicios de apoyo, el personal docente, las políticas institucionales y las interacciones con otros estudiantes. Un análisis ecológico permite, por tanto, desplazar la atención del individuo hacia las condiciones estructurales que posibilitan o restringen el aprendizaje. 

Aunque el modelo social y político de la discapacidad ha comenzado a permear en las instituciones educativas, los espacios, los tiempos escolares y las lógicas de evaluación continúan anclados en una concepción normativa del aprendizaje. Esta concepción presupone un cuerpo, una mente y un ritmo únicos, traduciendo la diferencia en déficit, la variación en problema y la singularidad en una excepción administrable. 

La extensión del modelo social de la discapacidad en la política educativa es posible, pero no ocurre de manera automática. Requiere procesos sostenidos de capacitación y sensibilización que trasciendan la formación técnica y permitan comprender la neurodiversidad como una condición constitutiva de lo humano. Solo así será posible reorganizar el espacio educativo para que la discapacidad deje de operar como un límite y se convierta en un principio estructurante de justicia, reconocimiento y equidad en la educación superior.

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