Ciudad de México, 28 de enero de 2026. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles que el Gobierno federal iniciará oficialmente el proceso de reparación integral del daño para las víctimas y familiares afectados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca. El accidente —que dejó 14 personas fallecidas y más de 100 heridas— ha marcado una de las tragedias ferroviarias más graves en años en México.
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde funcionarios del gobierno detallaron que **el proceso de reparación del daño empezará el próximo lunes 2 de febrero de 2026, con mesas de atención personalizadas en las comunidades donde viven las víctimas o sus familias.
Compensación, acompañamiento y atención integral
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, explicó que las autoridades contactarán directamente a cada víctima o familiar para iniciar el proceso correspondiente, que incluirá:
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Asesoría jurídica personalizada.
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Acompañamiento social y médico.
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Indemnizaciones diferenciadas según el grado de afectación.
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Apoyo institucional desde varias dependencias del gobierno federal.
Este esquema de atención se diseñó para minimizar traslados a la Ciudad de México y agilizar los trámites, que en contextos similares pueden tardar hasta seis meses. Las mesas de reparación tendrán participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Segob.
Sheinbaum reiteró su solidaridad con los afectados y prometió que el proceso no concluirá hasta que cada persona reciba la atención y la compensación que le corresponde conforme a la ley. “La prioridad son las personas, su recuperación y la justicia para cada familia”, afirmó durante la mañanera.
Antecedentes del accidente y medidas previas
El descarrilamiento del Tren Interoceánico, que conectaba Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, ocurrió mientras el convoy operado por la Secretaría de Marina transitaba por una curva de la Línea Z, con aproximadamente 250 pasajeros a bordo.
Tras la tragedia, el gobierno federal entregó un apoyo económico inicial de 30 000 pesos por familia para cubrir gastos inmediatos, como funerales y atención urgente, aunque este pago representa solo una parte del proceso de reparación integral.
Paralelamente, la FGR continúa con la investigación del accidente, que hasta ahora apunta al exceso de velocidad como causa principal del descarrilamiento, aunque expertos y organizaciones civiles han pedido una investigación externa más amplia que permita esclarecer otras posibles fallas técnicas o de supervisión en la obra del Corredor Interoceánico.
Críticas y expectativas ciudadanas
Organizaciones de derechos humanos y algunos familiares de las víctimas han señalado que, más allá de la reparación económica, es fundamental garantizar transparencia, celeridad en la atención médica y claridad en los resultados de las investigaciones. También han recordado que la tragedia expuso posibles fallas en el diseño, supervisión y operación de una de las obras de infraestructura más emblemáticas y costosas del país.
La implementación de las mesas de reparación del daño será observada de cerca por la sociedad civil, que exige que los recursos y apoyos se entreguen de forma efectiva, sin demoras ni obstáculos administrativos.
Qué sigue en el proceso
A partir del 2 de febrero, el Gobierno federal iniciará el contacto con cada una de las más de 200 personas afectadas —entre heridos y familiares de víctimas— para definir sus expedientes y acordar la reparación que les corresponde, conforme a las recomendaciones de la FGR y las aseguradoras involucradas.
La reparación integral del daño busca no solo compensar económicamente, sino también brindar justicia, acompañamiento emocional y apoyo legal, con lo que el gobierno espera cerrar una de las páginas más dolorosas en la historia reciente del transporte y la obra pública en México.
