Washington D. C., 5 de octubre de 2025. — El gobierno del presidente Donald Trump declaró que diversas ciudades del país serán consideradas “zonas de guerra”, decisión que incluye el despliegue de tropas federales y de la Guardia Nacional en varias regiones. La medida ha generado debate entre autoridades estatales, analistas y organismos civiles.
Medida y alcance
El anuncio se enmarca dentro de una estrategia federal para combatir la delincuencia y el tráfico de drogas en áreas urbanas con altos índices delictivos. Ciudades como Portland, Memphis y Chicago fueron señaladas como puntos prioritarios, donde ya se registran operaciones conjuntas entre fuerzas locales y federales.
El presidente Trump justificó la medida argumentando que busca “restablecer el orden y la seguridad”, mientras que funcionarios de su administración afirman que la acción está sustentada en facultades constitucionales relacionadas con la defensa interna.
Reacciones estatales y políticas
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la decisión como “una medida de poder político más que de seguridad pública”, señalando que el uso de tropas militares dentro del país podría contravenir la Ley Posse Comitatus, que restringe el empleo del ejército en funciones policiales.
Varios gobiernos estatales y municipales expresaron su preocupación por una posible invasión de competencias locales y advirtieron sobre tensiones entre el poder federal y los estados. Expertos legales señalaron que los despliegues podrían enfrentar impugnaciones judiciales si se considera que exceden las atribuciones del Ejecutivo.
Contexto y antecedentes
La acción coincide con recientes declaraciones de la administración Trump que califican a ciertos cárteles de la droga como “combatientes ilegales”, lo que amplía el marco jurídico para operaciones de seguridad nacional dentro y fuera del país. Analistas sostienen que estas medidas podrían redefinir el papel de las fuerzas armadas en territorio estadounidense.
El gobierno federal sostiene que la iniciativa busca fortalecer la seguridad en zonas con alta incidencia de delitos violentos y crimen organizado. Sin embargo, autoridades locales han pedido revisar el alcance y la duración del despliegue militar.
