José Guadalupe Altamirano Castro
Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Pública, Maestro en Derecho Procesal Penal, Doctor en Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel 1. Miembro del Padrón de Investigadores del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEYCIDET). Actualmente es Profesor-Investigador de El Colegio de Veracruz.
Gobiernos Profesionales
La evaluación acerca de una acción u omisión de cualquier actividad, o servicio público prestado a la ciudadanía resulta de suma importancia, ya que para la propia empresa ya sea pública o privada le servirá la evaluación que le permita medir la eficacia con la que fue prestado el servicio para subsanar los errores cometidos y mejorar el servicio en beneficio de la ciudadanía.
Razón por la cual es importante aclarar que eficacia “…puede ser definida como la medida de asociación entre el estado de un sistema y los objetivos del mismo en un momento dado o en una sucesión de momentos.” (Cosacov, 1992:103).
La eficacia hace énfasis en; los resultados, hacer las cosas correctas, lograr objetivos, crear más valores (principalmente para el cliente), proporcionar eficacia a los subordinados, aplica un enfoque proactivo, es decir, en lugar de reaccionar, anticiparse. Trabajar por la eficacia es más difícil, hay que pensar en lo que sucede afuera, en cómo generar valor para los clientes, y con esto, para la propia empresa o Institución Pública, qué tendencias podemos avizorar, qué está haciendo la competencia, entre otras cuestiones.
La eficacia es un principio que debe ser obligatorio observar en los tiempos actuales para todos los servidores públicos, ya que se espera, por un lado, que su trabajo y desempeño se realice de forma eficaz, no con desidia, en sentido estrictamente burocrático y menos sin pensar en el alcance de objetivo claros y concretos; y por otro, que a partir de este alcance se pueda medir el servicio prestado, es decir entender la percepción y satisfacción de los ciudadanos. Las tareas públicas deben asumirse con miras a centrarse en un desempeño eficaz, proactivo y con sentido humano.
Todo prestador de servicios busca que además de que exista eficacia en el andar de sus actuaciones sea complementado con eficiencia, es decir implementar el uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado y cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo. La eficiencia es un “paradigma importado” de la teoría económica, que ha orientado el trabajo de las organizaciones y sus dirigentes durante décadas, desde los trabajos de los economistas clásicos, Adam Smith y David Ricardo.
Para comprender la eficiencia es menester atender su planteamiento esencial, es decir, la relación entre insumos (gastos) y resultados (ingresos), su expresión es la reducción de los costos, o los costos mínimos. Tiene una lógica contundente, usted tiene que “producir con los costos más bajos posibles”, o dicho de otra forma, “obtener los mayores resultados con los mismos recursos (gastos)”.
Centrarnos en la eficiencia puede conducirnos a “bajar costos a toda costa”. Basta con recorrer todo el proceso de la empresa y determinar dónde “debemos” rebajar los costos. La tarea que permite dimensionar este principio, es la evaluación, con ella a través de indicadores es posible hacer un balance del planteado y lo alcanzado.
La eficiencia en el sector público, en un sentido ideal debería ser evaluada con base en las preferencias y las restricciones de los hacedores de política, del público en general, o de los analistas, pero todo parece indicar que en rigor no existen preferencias uniformes en ninguno de estos grupos, de tal suerte que se torna en una tarea titánica.
La medición del sector público adquiere una dimensión adicional, proveniente de sus múltiples funciones y actividades, no sólo produce y provee bienes y servicios, sino que regula todas las actividades económicas. Luego, lo apropiado sería evaluar la acción estatal global. Enrique Abedrop en su obra “Presupuesto Basado en Resultados” sostiene que, para lograr la eficiencia y la eficacia en un solo binomio, se debe de lograr un cambio de paradigma al pasar de evaluar los procesos (en los cuales estamos inmersos) a evaluar los resultados.
Los procesos pasan a segundo término y estaremos trabajando para obtener resultados (Abedrop, 2010). La actual Ley General de responsabilidades administrativas, que surge en el entramado de cuerpos normativos aparejados con la aparición del Sistema Nacional Anticorrupción, estable los principios que rigen el servicio público, “Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público (Art. 7, LGRA).
Cabe precisar que al ser exigibles en el desempeño de los servidores públicos el que no se sigan a cabalidad puede generar consecuencias hablando de responsabilidades para quienes no las cumplan, provocando desde faltas administrativas no graves hasta faltas administrativas graves que pueden tener consecuencias mediante sanciones por la vía administrativa e incluso por la vía penal.
Lejos de pensar en sanciones se debe asumir al servicio público como un privilegio, como una gran oportunidad de servir a los demás, pensando que, aunque se desempeñe el papel de servidor público no se dejará de ser ciudadano parte de una comunidad. Debemos aspirar a dignificar el servicio público, en cualquier nivel jerárquico desde la modesta actividad de limpieza de una oficina pública hasta el espacio donde se toman las grandes decisiones que guía el desarrollo y crecimiento del país, todos los espacios públicos son importantes. En este sentido, la eficiencia y eficacia como dos premisas de la función pública, deben generar valor de lo público, alcanzar los objetivos planteados y permitir satisfacción a los ciudadanos.
Fuentes de consulta
Abedrop, E. (2010). Presupuesto basado en resultados. México: Editorial IEXE.
Cosacov, G. (1992). Sistema Penal, Modelos y En http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/critica/cont/10/teo/teo5.pdf
México. (2016). Ley General de Responsabilidades Administrativas. Diario Oficial de la Federación.
