Por: Redacción El Censal |Ciudad de México, México| 09 de abril de 2026
El gobierno de México avanza en la optimización del combate al robo de combustibles, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) analice mecanismos para reutilizar gasolina incautada al huachicol y destinarla a usos lícitos, en lugar de mantenerla almacenada durante largos procesos judiciales.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que actualmente grandes volúmenes de combustible asegurado permanecen bajo resguardo de la FGR mientras continúan las investigaciones penales, lo que ha llevado a buscar alternativas legales para aprovechar estos recursos de forma más eficiente.
En este contexto, la fiscal general Ernestina Godoy explora la figura de “desincorporación”, que permitiría liberar el combustible asegurado para su uso legal sin necesidad de esperar a que concluyan todos los procesos judiciales. Esta medida busca evitar el almacenamiento prolongado y dar un mejor destino a los hidrocarburos recuperados en operativos contra el crimen organizado.
La estrategia se enmarca en una política más amplia de combate al llamado huachicol, un delito que ha evolucionado en los últimos años hacia esquemas más complejos como el contrabando y la evasión fiscal, generando pérdidas millonarias para el erario.
Autoridades federales han destacado que este tipo de acciones también responde a una reducción significativa en la incidencia del contrabando de combustibles, resultado del fortalecimiento de la vigilancia en aduanas, el control logístico y el incremento en la trazabilidad del producto.
Además, el aprovechamiento del combustible incautado podría representar beneficios económicos y operativos, al permitir que recursos previamente inmovilizados se integren nuevamente al circuito legal, ya sea para uso institucional o comercial bajo regulación, contribuyendo a la eficiencia del sistema energético.
Especialistas consideran que esta medida puede convertirse en un precedente en la gestión de bienes asegurados por delitos, al combinar combate a la ilegalidad con aprovechamiento de activos recuperados, fortaleciendo así la política pública en materia de seguridad energética.
Con esta iniciativa, México no solo refuerza su estrategia contra el huachicol, sino que también avanza hacia un modelo más eficiente en el uso de recursos incautados, alineado con prácticas internacionales de administración de bienes asegurados y con impacto positivo en las finanzas públicas.