Ciudad de México, 22 de septiembre de 2025. — Según lo planteado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026, México destinará 1.57 billones de pesos al servicio de su deuda pública (intereses y otros costos asociados), lo que representa un incremento de 10.4 % con respecto al presupuesto de este año.
De aprobarse como está, se destinarían 15.6 pesos de cada 100 del gasto público a pagar la deuda. Esto equivaldría al 4.1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, para educación se prevé destinar apenas alrededor de 2.9 % del PIB, y para salud unos 2.5 %.
El PPEF también propone un techo de endeudamiento interno de 1.78 billones de pesos, monto ligeramente superior al asignado al costo financiero de la deuda, lo que genera preocupación entre analistas, ya que sugiere que buena parte de lo que se pide prestado podría destinarse justamente a pagar deuda previa (lo que algunos describen como “sacar una tarjeta de crédito para pagar otra”).
Además, el presupuesto muestra una propuesta para inversión física de 960,100 millones de pesos, lo que representa solo 61 centavos de cada peso obtenido por endeudamiento, marcando una de las proporciones más bajas desde 2009.
Impacto previsto en Veracruz
Veracruz, como estado con una economía variada (sector agropecuario, petrolero —por PEMEX—, portuario, turístico) y con retos sociales importantes (salud, educación, infraestructura), puede verse afectado de varias maneras por esta elevada carga financiera de la deuda federal:
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Menos recursos federales disponibles.
Cuando una parte grande del presupuesto nacional se va a intereses de deuda, hay menos margen para que el gobierno federal aumente los apoyos a los estados, especialmente en rubros sensibles como salud, educación, infraestructura y programas sociales. Veracruz podría recibir menos subsidios, menos transferencias federales, o verse retrasados algunos proyectos. -
Restricciones para inversión en infraestructura local.
Con menor inversión federal, Veracruz podría tener dificultades para financiar obras de infraestructura clave: caminos rurales, puertos, redes de agua potable, drenaje, obras hidráulicas, etc. Obras que requieren coordinación federal-estado podrían postergarse o ejecutarse a menor escala. -
Impacto en la salud y educación en el estado.
Si el presupuesto federal da prioridad al pago de la deuda y reduce en proporción lo destinado a salud y educación, Veracruz podría enfrentar limitaciones para mejorar servicios médicos, hospitalarios o escolares, contratar personal, dotar de equipamiento o cubrir necesidades básicas. -
Aumento del costo del crédito y de la deuda local.
Si el gobierno federal tiene que endeudarse más, eso puede generar presiones al alza en tasas de interés, lo que repercute en las entidades federativas si ellas mismas necesitan endeudarse para obras o programas. Veracruz podría ver más caro financiar su deuda estatal o municipal. -
Mayor vulnerabilidad económica.
Veracruz tiene una población con altos niveles de pobreza en algunas zonas, y dependencia económica de sectores que pueden fluctuar (como el petróleo, el comercio, el turismo). Menos inversión pública y menos servicios de apoyo pueden agravar desigualdades, riesgo social y oportunidades de desarrollo. -
Mayor presión fiscal futura.
Para compensar el desbalance, el gobierno (federal o incluso estatal) podría optar por aumentar impuestos, tarifas o recortes en servicios, lo que podría afectar a la población veracruzana si se materializan esas medidas. -
Posible incremento de la deuda estatal.
Si el gobierno de Veracruz prevé que el apoyo federal será menor, podría acudir más al endeudamiento estatal para mantener obras o programas, lo que implicaría mayores cargas financieras locales a mediano plazo.
