Crisis en el campo mexicano: productores alzan la voz

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Ciudad de México, 29 de octubre de 2025.- El sector agrícola en México enfrenta una situación cada vez más crítica: los costos de producción —insumos, combustible, energía y maquinaria— han subido considerablemente, mientras los precios que se pagan a los productores por su grano y otros cultivos se han desplomado.

Además, los agricultores denuncian la falta de políticas públicas de apoyo, financiamiento accesible y esquemas de comercialización que garanticen rentabilidad en cada ciclo.

En este contexto, el anuncio del gobierno federal de un precio de 6 050 pesos por tonelada para el maíz blanco fue recibido por los productores como una ofensa, al considerarlo insuficiente frente al alza de los costos de producción.

Sucesos recientes: paro nacional y bloqueos

El 14 de octubre de 2025 se registró el inicio de un paro nacional del sector agropecuario que se extendió a al menos 20 estados de la República.

Entre las acciones destacaron bloqueos de carreteras federales, peajes y casetas de cobro, así como manifestaciones con maquinaria agrícola en estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

Las principales demandas incluyen fijar un precio mínimo de 7 200 pesos por tonelada para el maíz y 6 000 pesos para el sorgo; el pago de apoyos económicos atrasados; la regulación de las importaciones de maíz extranjero o transgénico, y la modernización de la producción.

En Sinaloa, los productores bloquearon casetas como El Pisal (Culiacán), San Miguel Zapotitlán (Ahome) y Cuatro Caminos (Guasave) mientras exigían la fijación del precio de garantía.

En el centro del país, los bloqueos continuaron hasta finales de octubre como respuesta al anuncio del gobierno federal, que los manifestantes consideraron insuficiente.

Reacción del gobierno

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), ofreció un precio de 6 050 pesos por tonelada de maíz blanco, además de apoyos complementarios como seguros agrícolas y créditos. Sin embargo, los productores calificaron esta medida como una “burla” y un “insulto al campo”.

En el ámbito estatal, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que los productores tienen “todo el derecho a protestar y reclamar lo que les corresponde”, y anunció reuniones de alto nivel para atender sus demandas.

No obstante, los productores aseguran que aún no existe un acuerdo real con las autoridades y que la movilización continuará hasta que se garanticen precios justos y apoyos efectivos.

Violencia contra líderes agrícolas

La protesta del campo mexicano no sólo tiene dimensiones económicas y productivas, sino también de seguridad: la integridad de líderes del sector está amenazada y ha habido asesinatos recientes que marcan el nivel de riesgo.

En el estado de Michoacán, fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien denunciaba extorsiones al sector limonero. Su cuerpo fue hallado con impactos de bala en su vehículo.

En Veracruz, fue asesinado Javier Vargas Arias, un empresario citrícola de 43 años en el municipio de Álamo Temapache. El hecho generó alarma entre los productores de naranja de la región.

Estos crímenes evidencian que, además de la lucha por mejores precios y apoyos, el sector agrícola debe enfrentar la violencia organizada, la extorsión y la presencia del crimen como parte de su realidad cotidiana.

Implicaciones

Estas protestas no solo reflejan una crisis económica, sino también una problemática estructural relacionada con la gestión de los recursos naturales.

Muchos de los cultivos afectados, como el maíz, el sorgo y las hortalizas, dependen del riego, y el aumento en los costos de energía y combustibles ha encarecido su producción.

La falta de inversión en infraestructura hidráulica y en tecnologías de riego eficiente agrava la presión sobre las reservas de agua en regiones agrícolas estratégicas.

En un contexto global, la creciente dependencia de México de las importaciones de granos amenaza su seguridad alimentaria y genera tensiones en torno al uso y distribución del agua como recurso geopolítico clave.

 ¿Qué sigue?

La tensión persiste. Si el gobierno no aumenta el precio mínimo de compra ni cumple con los apoyos atrasados, los productores advierten que intensificarán los bloqueos y el paro podría volverse indefinido.

Las movilizaciones actuales podrían marcar un punto de inflexión para reconocer al campo mexicano como un sector estratégico no solo para la economía, sino también para la soberanía alimentaria y la gestión del agua en el país.

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