Ciudad de México, 4 de noviembre de 2025.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PEF 2026) con 358 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones.
El dictamen será ahora objeto de discusión en lo particular a partir del miércoles, cuando se prevén cerca de 1 700 reservas y posibles modificaciones al texto.
Principales cifras y ejes
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El monto total propuesto para 2026 asciende a 10.1 billones de pesos, lo que representa un aumento de aproximadamente 5.9 % respecto al presupuesto vigente.
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De ese total, alrededor de 1.78 billones de pesos se planean cubrir mediante deuda pública, lo que implica que 17 de cada 100 pesos provendrán de financiamiento.
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El presupuesto contempla 14 programas sociales prioritarios, que absorberán 987.16 mil millones de pesos. Destacan el programa de Pensión para Adultos Mayores (con una asignación de 526.508 mil millones) y el de Becas Benito Juárez (184.595 mil millones).
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En materia de inversión, se asignan unos 536.806 mil millones de pesos para 13 proyectos prioritarios, siendo Petróleos Mexicanos (Pemex) uno de los más beneficiados, con 247.230 mil millones.
Controversias clave
El debate parlamentario se tensó alrededor de recortes presupuestarios a seguridad y al papel de los municipios y autónomos. A continuación, los temas más señalados:
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El rubro de seguridad enfrenta un decremento de 10 mil millones de pesos respecto al ejercicio previo.
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El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) sufrirá una caída de 0.7 % en términos reales, lo que afecta directamente a municipios que reciben esos recursos.
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Legisladores de la oposición advirtieron que estos recortes se traducen en un “Estado ausente” frente a la delincuencia organizada.
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En señal de protesta, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ingresó al pleno con sombreros “ensangrentados” y pancartas con el lema “¡Manzo Vive!”, en referencia al asesinato del alcalde Carlos Manzo, en un contexto de recriminación hacia la seguridad pública.
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La bancada oficialista respondió calificando las protestas como “hipócritas” y acusó a la oposición de aprovechar el caso con estrategias partidistas.
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Otro punto de fricción recae en los ramos autónomos y el Poder Judicial, que podrían ver reducciones o ajustes, según lo anticipado para la discusión en lo particular.
Implicaciones para el estado de Veracruz y los municipios
Para entidades como Veracruz y sus municipios, el nuevo Presupuesto implica varios retos y escenarios a observar:
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Presión sobre seguridad municipal
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Con una caída real del FASP, los municipios tendrán menos recursos federales para programas de policía, prevención y coordinación con autoridades estatales.
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Esto puede agravar las condiciones de inseguridad si no se compensan con presupuesto estatal o municipal.
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Inversión pública y obra pública
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El énfasis en proyectos específicos nacionales —entre ellos Pemex— sugiere menor flexibilidad para los proyectos locales de infraestructura que no estén alineados con la agenda federal.
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En Veracruz, con retos de rezago en infraestructura y desarrollo regional, esto exige una estrategia proactiva de los gobiernos locales para articularse a ese marco.
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Programas sociales prioritarios
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En cambio, los programas como Pensión para Adultos Mayores y Becas Benito Juárez tendrán asignaciones significativas, lo cual puede beneficiar a los segmentos vulnerables del estado.
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El reto será la implementación local: asegurarse que los recursos asignados efectivamente lleguen a la población objetivo.
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Financiamiento vía deuda
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El hecho de que 17 % del presupuesto sea financiado mediante deuda implica mayor presión futura sobre la sostenibilidad fiscal. A nivel estatal y municipal, la coordinación con la Federación y la vigilancia del endeudamiento serán clave.
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Observaciones de impacto y proyección
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La aprobación en lo general confirma la voluntad del Gobierno federal de mantener una estrategia de gasto prioritario centrada en programas sociales y en ciertos proyectos estructurales.
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Sin embargo, la debilidad en el rubro de seguridad puede traducirse en costos elevados: mayor inseguridad, mayor demanda de recursos de emergencia y menor confianza de inversionistas en ciertos estados.
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Para el mediano plazo, habrá que vigilar:
a) qué modificaciones se aprueban en lo particular;
b) si los recursos recortados a seguridad se reasignan a otros rubros o simplemente se pierden;
c) cómo reaccionan los estados y municipios para captar inversión y fortalecer capacidades propias.
La aprobación general del PEF 2026 marca un paso relevante en la ruta del gasto público federal, pero su aprobación no es sinónimo de tranquilidad presupuestaria. Los recortes en seguridad y la mayor dependencia de deuda representan focos de riesgo que los gobiernos estatales y municipales —incluyendo los de Veracruz— deberán prever.
La próxima etapa de discusión en lo particular será crucial: ahí se definirán los matices que podrían mitigar los ajustes o agravar sus efectos. En ese sentido, el seguimiento y análisis detallado será indispensable para evaluar el verdadero impacto económico y social del presupuesto 2026.
