Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 26 de febrero de 2026
El reembolso de aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump se ha convertido en un nuevo frente de tensión comercial y financiera en Estados Unidos. Tras diversos fallos judiciales que cuestionaron la legalidad de ciertos gravámenes aplicados bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 —principalmente contra productos chinos—, importadores estadounidenses han comenzado a reclamar devoluciones multimillonarias ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según datos oficiales de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), los aranceles de la Sección 301 recaudaron más de 80 mil millones de dólares entre 2018 y 2023. Diversas demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos han abierto la puerta a reembolsos potenciales para empresas que impugnaron oportunamente los cobros. El Departamento del Tesoro ha reconocido en reportes presupuestales que existen contingencias fiscales asociadas a litigios arancelarios aún en curso.
El fenómeno ha generado lo que medios financieros describen como “caos administrativo”: miles de expedientes de importadores en revisión, despachos aduanales saturados y despachos legales especializados capitalizando la complejidad técnica del proceso. La incertidumbre radica en que no todos los aranceles están sujetos a devolución; solo aquellos declarados inválidos por resolución judicial o que cumplieron requisitos específicos de impugnación dentro de plazos legales.
Para México, y particularmente para Veracruz, la pregunta es directa: ¿habrá reembolsos para productores locales?
En términos estrictos, los aranceles de la Sección 301 no estuvieron dirigidos contra México, sino contra China. Sin embargo, durante la renegociación del T-MEC, también se aplicaron aranceles bajo la Sección 232 al acero y aluminio mexicanos. Esos gravámenes fueron retirados en 2019 tras acuerdos bilaterales, según comunicados oficiales de la Secretaría de Economía.
En el caso veracruzano, sectores como acero, petroquímica y agroindustria dependen en gran medida del mercado estadounidense. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que Estados Unidos concentra más del 75% de las exportaciones mexicanas totales, y Veracruz figura como uno de los principales estados exportadores por su actividad portuaria y energética.
No obstante, la posibilidad de reembolsos directos para productores veracruzanos es limitada. Jurídicamente, los reclamantes son importadores en territorio estadounidense que pagaron el arancel al momento de introducir la mercancía. Si una empresa estadounidense importó acero o derivados producidos en Veracruz y pagó un arancel que posteriormente es invalidado, el derecho al reembolso corresponde a esa empresa en Estados Unidos, no automáticamente al productor mexicano.
El impacto indirecto podría ser más relevante. Si los importadores reciben devoluciones significativas, podrían mejorar sus balances, renegociar contratos o reactivar volúmenes de compra. Modelos básicos de transmisión comercial —usando elasticidades de demanda estimadas por organismos como la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU.— sugieren que reducciones efectivas de costos arancelarios pueden traducirse en aumentos de entre 2% y 5% en volúmenes importados en sectores sensibles.
Para productores veracruzanos de acero, cítricos procesados o productos petroquímicos, el beneficio dependerá de la estructura contractual: si existieron cláusulas de reparto de costos arancelarios, podría haber ajustes retroactivos. Sin embargo, no existe un programa oficial del gobierno estadounidense orientado a compensar directamente a exportadores mexicanos.
La Secretaría de Economía no ha anunciado mecanismos de reclamación específicos para empresas mexicanas en este contexto. El escenario, por ahora, combina litigios prolongados, presión fiscal en Washington y oportunidades selectivas para actores con asesoría legal sofisticada.
