José Guadalupe Altamirano Castro
Licenciado en Pedagogía y Licenciado en Derecho, Maestro en Administración Pública, Maestro en Derecho Procesal Penal, Doctor en Derecho. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel 1. Miembro del Padrón de Investigadores del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEYCIDET). Actualmente es Profesor-Investigador de El Colegio de Veracruz.
El derecho a la buena administración pública: su contenido y alcances en México (Primera entrega)
Como en la mayoría de los países latinoamericanos, el estudio y análisis del derecho a la buena administración pública, es reciente, producto de la influencia de la cultura jurídica europea, así como por el impacto ocasionado por los cuerpos normativos iberoamericanos que México ha suscrito, no hablemos de su regulación jurídica formal en la Constitución Federal, que no ha sido tema del debate legislativo en nuestra máxima tribuna, el esfuerzo que se puede registrar es su regulación clara y ordenada en un capítulo especial, de la constitución de la ciudad de México, y en artículo especial en el Estado de Nuevo León..
Por ahora se destacarán aquellos aspectos que han permeado en nuestro país, así como los alcances que se puede visualizar. La dinámica natural de evolución de las sociedades en los últimos tiempos que se manifestó en los movimientos sociales del último cuarto de siglo, primero en Europa y posteriormente en américa latina, sin duda ha conducido de manera accidentada y de forma parcial a un “equilibrio” en las relaciones entre el estado y los ciudadanos.
Esto se traduce que en los últimos tiempos, para el caso de México sea más notoria la participación ciudadana y su exigencia de influir en las decisiones que tienen que ver con la cosa pública, por lo que han orillado contra la voluntad de los propios gobiernos tanto a nivel federal y local, a aceptar mecanismos de participación directa del pueblo como el caso de sistema nacional anticorrupción, aunque desde años atrás los ciudadanos empujaron a la construcción de esquema de transparencia y rendición de cuentas.
En fin, cada vez se torna más complicado para los gobernantes tomar decisiones unilaterales, aunque lo siguen realizando; al menos su ámbito de actuación sin considerar a los ciudadanos se ha reducido significativamente. Son diversos los mecanismos que se han conquistado para buscar regular el ámbito de actuación de la autoridad desde la ciudadanía, todos ellos bajo el escudo y protección de los derechos humanos, por ejemplo, la aparición en Europa de la figura del Ombudsman se debe en buena medida a esta situación, y que después detonó en su esparcimiento en américa latina.
Es evidente que esta pugna en alcanzar dicho equilibrio ha impactado al derecho administrativo de manera positiva sobre todo en el continente europeo, pues se ha materializado en un conjunto de prácticas de gobierno sanas para los ciudadanos, donde se respeta la legalidad, los gobiernos orientan su servicio a la atención de la ciudadanía y además están caracterizados por entregar buenos resultados; estos indicadores de buenas gestiones dieron forma al uso del concepto de buena administración.
Como se señaló, alcanzó rango de derecho fundamental al ser regulado como tal en la carta europea de derechos del año 2000. El estudio o preocupación doctrinal es el campo donde mayormente se ha analizado desde diferentes enfoques o planteamientos a la administración pública en nuestro país, misma que ha transitado por diferentes modelos de implementación, influenciada desde luego por los modelos económicos adoptados por quienes han gobernado México al menos en los últimos 70 años.
Estos han estado enfocados principalmente a variables como la evaluación del desempeño, la profesionalización de los servidores públicos, la cultura de la legalidad, el servicio civil de carrera, entre otros con el objeto de modernizar o mantener actualizadas las prácticas del servicio público que mejoren el funcionamiento del aparato burocrático, entendiéndose que estas logren una buena administración de la cosa pública.
Así, podemos señalar a especialistas que se han ocupado de analizar estos temas como Omar Guerrero, Luis Felipe Aguilar Villanueva, Roberto Dávalos, entre otros; más recientemente ocupado de esta preocupación desde el ámbito de los derechos humanos al Doctor Mauricio Merino, ha analizado en sus últimos estudios de investigación la necesidad de regular el derecho a la buena administración pública.
Merino carga en la actualidad con la bandera de la lucha y pugna en nuestro país por la materialización de buenas prácticas en el servicio público, aunque no es el único, ya sea desde la participación ciudadana como coautor material del sistema nacional anticorrupción, o bien, desde la actualidad como hacedor del fundamento de constitucionalización del derecho a la buena administración pública. Por ahora, alcanzando un primer peldaño, justificando su inclusión en la Constitución de la ciudad de México, y también, más recientemente en Nuevo Léon, quizá no tardando construyendo el andamiaje jurídico-administrativo para elevarla a nuestra carta magna.
