Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 03 de marzo 2026
La gobernadora Rocío Nahle García informó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra exfuncionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) vinculados a investigaciones sobre posibles irregularidades administrativas y financieras en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV). La estrategia forma parte de una investigación más amplia que la administración estatal mantiene desde finales de 2025 para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en la educación pública del estado.
¿Qué está investigando la Fiscalía?
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ha seguido un proceso penal que ya alcanzó a varios exfuncionarios de la UPAV y de la SEV. Las órdenes de aprehensión responden a posibles delitos como peculado, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, tráfico de influencia y ejercicio indebido del servicio público.
En enero pasado, tres exfuncionarios de la UPAV —el exrector, el exdirector administrativo y la exjefa de Servicios Financieros— fueron vinculados a proceso y quedaron con prisión preventiva en Pacho Viejo, ante señalamientos de desvíos por montos millonarios —hasta 557 millones de pesos en 2024 y 2025— derivados del manejo de recursos y la administración de la universidad.
La gobernadora Nahle ha dicho que este proceso, que continúa su curso judicial, pretende llegar “hasta las últimas consecuencias” para garantizar que no haya impunidad ante posibles malos manejos de fondos públicos.
Contexto de la intervención estatal en la UPAV
La investigación y las órdenes de aprehensión se dan en el marco de una reforma institucional que ordenó el Gobierno de Veracruz para asumir el control directo de la UPAV, luego de detectar que asociaciones o fundaciones encargadas de administrar recursos no estaban cumpliendo con obligaciones como el pago de salarios a docentes o la entrega de títulos profesionales, lo que provocó manifestaciones de estudiantes y maestros.
Desde diciembre de 2025, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y el Órgano Interno de Control han colaborado con auditorías que detectaron posibles triangulaciones de recursos y falta de trazabilidad en fondos que debían beneficiar directamente a la comunidad educativa.
Impacto en Veracruz y en la comunidad educativa
La situación ha generado preocupación entre docentes y alumnos de la UPAV en Veracruz. En las últimas semanas, profesores han protestado en Xalapa exigiendo el pago de adeudos salariales que arrastran desde hace más de un año, mientras que estudiantes han mostrado su inquietud por la validez de sus estudios y la continuidad de sus programas académicos.
El choque entre la intervención del gobierno y las exigencias de la comunidad educativa refleja un desafío complejo: por un lado, la necesidad de depurar irregularidades administrativas y garantizar la legalidad en el uso de recursos públicos, y por otro, la urgente atención a la estabilidad laboral y académica de docentes y estudiantes.
Análisis: retos de transparencia, justicia y educación en Veracruz
Este caso en la UPAV evidencia cómo las instituciones educativas públicas pueden enfrentar riesgos de desorden administrativo y falta de control en la gestión financiera si no se aplican mecanismos de supervisión claros y eficientes. El avance de las órdenes de aprehensión y de las investigaciones en tribunales representa, por una parte, una señal de que las autoridades buscan actuar con firmeza ante posibles delitos, pero también pone de relieve la necesidad de políticas preventivas que eviten la repetición de estos escenarios en otras dependencias o programas públicos.
