Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 23 de febrero 2026
En el entramado institucional del Gobierno de Veracruz, la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE) representa la principal instancia encargada de promover la transparencia, prevenir y combatir irregularidades administrativas, y coordinar los órganos internos de control en las dependencias estatales. Su labor se ha vuelto particularmente relevante en un contexto donde la rendición de cuentas y la supervisión del gasto público adquieren mayor exigencia ciudadana y jurídica.
Presupuesto asignado y relevancia institucional
Para el ejercicio fiscal 2025, el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz aprobó una asignación de aproximadamente 171.5 millones de pesos para la Contraloría General del Estado, de un presupuesto total estatal de 175 mil 245 millones. Esta cifra representa apenas una fracción mínima del gasto estatal, pero constituye el recurso con el que dispone la CGE para ejercer sus funciones de evaluación, auditoría interna, fiscalización y control de servidores públicos en todo el Ejecutivo revisor de los recursos públicos.
La Contraloría juega un papel clave para asegurar que el gasto público se ejecute conforme a la legalidad, promoviendo la eficiencia y la honradez en el uso de recursos. Sus atribuciones incluyen la evaluación del ejercicio presupuestario de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los órganos internos de control que ayudan a prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas.
Personal y estructura
Aunque no existe una cifra oficial consolidada de toda la plantilla laboral de la Contraloría, el directorio público oficial muestra un amplio número de puestos técnicos y operativos dedicados a tareas de fiscalización, responsabilidades administrativas, evaluación de indicadores de gestión, control interno y transparencia. El personal está distribuido en diversas áreas como la Subdirección de Fiscalización, la Subdirección de Anticorrupción y Función Pública, la Subdirección de Quejas y Denuncias y otros órganos internos de control en dependencias específicas.
Este despliegue institucional es indispensable para vigilar la correcta aplicación de los recursos en secretarías, organismos descentralizados, institutos públicos y entidades del gobierno estatal, aunque la información pública disponible indica que gran parte de sus funciones se apoyan en coordinaciones y enlaces interinstitucionales.
Cambio de titularidad: un giro inesperado
El 23 de febrero de 2026, el titular de la Contraloría General del Estado, Ramón Santos Navarro, presentó su renuncia al cargo, decisión que justificó con su interés de participar en el proceso de selección para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —el máximo órgano fiscalizador del país—, cuyo nombramiento está siendo definido por el Congreso de la Unión.
La gobernadora Rocío Nahle García confirmó la aceptación de la renuncia y anunció que la funcionaria Bárbara Galindo Ramos fue designada como encargada de despacho de la Contraloría. Galindo Ramos se desempeñaba como enlace del Gobierno de Veracruz ante la propia ASF, lo que apunta a una transición técnica en un contexto de alta coordinación entre fiscalización estatal y federal.
Este cambio ocurre en un año clave para la fiscalización estatal y federal, con la presentación de auditorías superiores al marco presupuestario 2024 y la exigencia de mayor transparencia en el gasto público, tanto por parte de órganos internosen Veracruz como por instancias externas como la Auditoría Superior de la Federación.
Desafíos presentes
La Contraloría enfrenta desafíos importantes: maximizar su impacto con recursos limitados, fortalecer los controles internos en dependencias estatales y responder a las observaciones o recomendaciones que surgen en las auditorías superiores federales y estatales. Estos retos cobran especial relevancia ante reportes recientes de observaciones sustanciales en cuentas públicas y el constante escrutinio ciudadano y jurídico del uso de recursos públicos.
A medida que avanza 2026, la Contraloría de Veracruz se prepara para consolidar estrategias de control interno e integridad pública bajo nueva conducción interina, en un momento donde la rendición de cuentas sigue en el centro del debate político y administrativo.
