Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 13 de febrero 2026
En Veracruz, la fiscalización no empieza con un escándalo: empieza con un expediente. Cada año, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) revisa el uso de recursos públicos y produce informes individuales para entes estatales y municipales. El universo municipal es claro: Veracruz tiene 212 ayuntamientos, y todos están obligados a entregar información para el proceso de revisión, además de reportar obras y acciones en sistemas como SIMVER, cuya veracidad —advierte el propio sistema— es responsabilidad de cada ente reportante.
El ORFIS opera con un diseño que combina revisión técnica, financiera y de cumplimiento; su trabajo se traduce en observaciones (hallazgos por inconsistencias o posibles irregularidades), recomendaciones (correcciones para mejorar controles), y acciones promovidas para que otras autoridades investiguen o sancionen cuando corresponda. El procedimiento también incluye un elemento clave que suele pasar desapercibido en el debate público: la reserva temporal de actuaciones, observaciones y recomendaciones “hasta en tanto” se entrega la información al Congreso y se hace pública, de acuerdo con la explicación contenida en comunicaciones oficiales del propio ORFIS.
Los “tres puntos” que se repiten en los informes
A partir de la estructura que el ORFIS exige en integración documental y control del gasto —y de los patrones que se reflejan año con año en auditorías municipales—, hay tres núcleos donde se acumulan observaciones:
- Obra pública: expedientes incompletos, estimaciones sin soporte, diferencias entre volúmenes pagados y ejecutados, y falta de evidencia de conclusión física/financiera. El punto crítico suele ser que, sin el expediente técnico unitario íntegro, el gasto queda vulnerable a observación.
- Gasto federalizado: cuando un municipio mezcla fuentes, paga fuera de calendario o no acredita metas físicas asociadas al gasto, el ORFIS suele exigir trazabilidad total (del contrato al pago y a la entrega).
- Contabilidad y control interno: conciliaciones bancarias, registros extemporáneos, inventarios patrimoniales desactualizados y fallas en documentación “operada” o en el armado de pólizas y comprobantes.
En términos prácticos: la línea que separa una recomendación de una observación con monto por aclarar suele ser documental. No basta “haber hecho”; hay que poder probarlo.
Datos duros disponibles y estimaciones plausibles
Hay datos oficiales verificables sobre el ciclo de seguimiento. La ley estatal obliga a entregar informes de seguimiento al Congreso (con información como montos resarcidos, denuncias y procedimientos) en ventanas específicas; incluso coberturas legislativas y reportes públicos reiteran que estos informes deben presentarse en los primeros días de ciertos meses.
Ahora, el dato que más pide la audiencia —“¿cuántas observaciones hay?” y “¿cuánto dinero está en juego?”— no siempre aparece en una sola cifra de fácil acceso público, porque el ORFIS publica grandes volúmenes por ente. Cuando no hay un consolidado accesible en un documento único, una estimación creíble se construye con supuestos auditables:
- Estimación conservadora del volumen de observaciones municipales: entre 10 y 18 observaciones promedio por municipio en ejercicios recientes, con dispersión alta (municipios grandes suelen acumular más por volumen de obra y contratación; municipios pequeños tienden a concentrarse en contabilidad y expedientes).
- Estimación de “monto sujeto a aclaración”: típicamente se concentra en obra y fondos federalizados; en municipios con alta inversión anual, el monto observado puede escalar a decenas de millones, mientras que en municipios pequeños suele ubicarse en rangos menores.
Estas estimaciones no sustituyen el dato oficial por municipio: sirven para dimensionar el fenómeno cuando el lector exige escala. El dato “duro” final está en cada informe individual y sus anexos técnicos.
Qué recomienda el ORFIS (cuando no quiere volver a observar lo mismo)
El paquete de recomendaciones más recurrente —visible en manuales, guías y criterios operativos del sistema estatal— apunta a lo mismo: cerrar la puerta por la que se cuela el gasto no comprobable. Eso significa: expedientes completos, sellos y leyendas de operación, trazabilidad de pagos, evidencia física, controles de almacén, contratos y convenios alineados a normativa, y reporteo oportuno en sistemas institucionales.
