Por: Redacción El Censal | CDMX, México | 16 de marzo 2026
El gobierno federal prepara un “Plan B” de reforma electoral que podría generar ahorros cercanos a 4,000 millones de pesos al año, de acuerdo con estimaciones preliminares discutidas en el Congreso. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca avanzar en cambios legales al sistema electoral tras el rechazo de la reforma constitucional original en la Cámara de Diputados.
A diferencia de la propuesta inicial —que requería mayoría calificada— el Plan B se enfocaría en modificaciones a leyes secundarias, lo que permitiría su aprobación con mayoría simple en el Congreso, donde el bloque oficialista mantiene ventaja legislativa.
Los principales cambios del Plan B
La propuesta mantiene el objetivo central de reducir costos y reorganizar la estructura electoral, aunque con un alcance menor al proyecto original. Entre los puntos más discutidos se encuentran:
- Reducción de gastos en organismos electorales, particularmente en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).
- Posible eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y ajustes al sistema de cómputos para acelerar resultados la misma noche de la elección.
- Recortes a gastos administrativos y operativos en congresos locales y ayuntamientos.
- Reducción del número de regidores en municipios para disminuir el gasto público.
- Topes salariales y ajustes presupuestales en autoridades electorales.
En conjunto, estos cambios buscan reducir parte del gasto institucional del sistema electoral mexicano, cuyo costo total fue cercano a 61 mil millones de pesos en 2024, uno de los más altos de América Latina.
Negociaciones políticas avanzan
Tras el rechazo inicial de la reforma constitucional, el gobierno intensificó negociaciones con sus aliados legislativos, principalmente el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, que resultaron clave para alcanzar los votos necesarios en la nueva propuesta.
Dirigentes del Partido Verde han señalado que ven “positivos” algunos puntos del Plan B, especialmente aquellos relacionados con la reducción de gasto en congresos locales y cabildos municipales, lo que podría liberar recursos para inversión pública.
Aunque aún se afinan detalles técnicos, en el Senado se prevé que la iniciativa cuente con respaldo suficiente dentro de la coalición gobernante, lo que aumentaría sus posibilidades de avanzar en el proceso legislativo.
Implicaciones económicas y políticas
El posible ahorro de hasta 4,000 millones de pesos representaría una reducción moderada dentro del gasto público total, pero podría tener efectos en dos frentes.
En el plano fiscal, los recursos liberados podrían destinarse a programas sociales, infraestructura o inversión pública en estados y municipios.
En el plano político, el Plan B permitiría al gobierno mantener parte de la agenda de reforma electoral sin modificar la Constitución, lo que reduce el riesgo de bloqueo legislativo y abre la puerta a ajustes graduales antes de las elecciones federales de 2027.
El debate sobre la reforma continuará en el Congreso en las próximas semanas, donde legisladores analizarán el alcance real de los cambios y su impacto en la organización de futuras elecciones.