Por: Redacción El Censal | Ixhuatlancillo, Ver | 13 de febrero de 2026
Una corrida de toros que terminó con el sacrificio de un novillo ante espectadores ha desatado indignación, debate jurídico y cuestionamientos éticos sobre la protección animal en Veracruz, después de que se difundiera que el presidente municipal, José Manuel González Nicolás, podría enfrentar una multa de hasta 30 mil pesos y de 6 meses a 3 años de cárcel por autorizar este espectáculo y permitir que el animal fuera sacrificado ante menores de edad.
La actuación ocurrió en el marco de la Feria Patronal de la Candelaria 2026 en este municipio, donde —según reportes locales— al menos tres toros fueron maltratados en público y uno fue sacrificado, lo que generó fuertes críticas de grupos defensores de los derechos de los animales y activistas sociales.
Violación a la Ley de Protección Animal en Veracruz
Veracruz cuenta con una Reforma a la Ley de Protección Animal vigente desde julio de 2020, que prohíbe explícitamente el maltrato, lesiones y muerte de animales en espectáculos públicos, salvo excepciones claramente reguladas por la ley y con supervisión sanitaria e intenciones bien definidas.
Organizaciones defensoras del bienestar animal han señalado que la celebración de corridas que causan sufrimiento físico evidente o la muerte de los animales viola no sólo la ley estatal, sino también la tendencia mundial hacia mayores estándares de protección animal, como lo han reflejado recientes iniciativas legales en otras regiones de México que buscan eliminar o modificar estos espectáculos para evitar daño animal.
La abogada y activista Azul Fernández, del albergue Ada Azul, calificó el hecho como una “burla a la normativa estatal y a los esfuerzos por atender el maltrato animal”, subrayando que permitir tales eventos, además de ilegal, resulta insensible en un contexto social más amplio de respeto hacia los seres sintientes.
Responsabilidad política y social
Al defenderse de las acusaciones, el alcalde afirmó que había un contrato en el que supuestamente se establecía que el novillo no sería sacrificado, y que él había cuestionado al encargado del evento sobre la legalidad del acto, recibiendo la respuesta de que la práctica estaba permitida por la ley.
Esta declaración ha intensificado el debate público porque pone en tela de juicio no sólo el respeto a las normas de protección animal, sino también la comprensión y aplicación de la ley por parte de autoridades responsables, generando críticas de ciudadanos y colectivos que consideran que la ignorancia o indiferencia ante leyes claras no exime de responsabilidad, especialmente cuando se trata de la integridad de seres vivos.
Tradición vs. derechos de los animales
Las corridas de toros han sido tradicionalmente defendidas por sectores taurinos como un elemento cultural e histórico en México, con generaciones que las consideran parte de la identidad patrimonial. Pero esta visión se enfrenta cada vez más a una sensibilidad social que rechaza la violencia y la muerte de animales por entretenimiento, como lo demuestra una encuesta nacional donde el 72 % de los mexicanos considera que las corridas de toros constituyen maltrato animal y respaldan regulaciones más estrictas o prohibiciones totales.
La controversia en Ixhuatlancillo se da en un momento en que otras entidades mexicanas avanzan significativamente: por ejemplo, el Congreso de Ciudad de México aprobó en 2025 una reforma para prohibir las corridas de toros violentas, eliminando la muerte y las heridas al animal como parte del espectáculo, con sanciones económicas severas para quienes infrinjan esas normas.
Un delito que puede ir más allá de la multa
Desde el ámbito legal, la decisión de permitir la muerte del novillo no sólo expone al edil a una multa administrativa, sino también a posibles cargos penales por maltrato animal, delito que en diversas jurisdicciones del país puede implicar multas elevadas y hasta pena privativa de libertad cuando se demuestra crueldad o daño severo al animal.
Activistas y especialistas en bienestar animal han señalado que más allá de la sanción económica, este episodio debe servir como alerta para reforzar la aplicación de las leyes existentes y avanzar hacia marcos jurídicos más sólidos que realmente protejan a los animales y reflejen una sociedad que rechaza el sufrimiento como espectáculo.
