Por: Redacción El Censal | Xalapa, Veracruz | 26 de febrero de 2026
La reforma político-electoral presentada “apenas” por la presidenta Claudia Sheinbaum aterrizó en el Congreso con un eje explícito: reducir en 25% el costo público del sistema electoral y redirigir esos recursos a prioridades sociales. Entre los cambios planteados se incluyen recortes al financiamiento público de partidos y a los organismos electorales, una reducción del Senado de 128 a 96 escaños y modificaciones al esquema de representación proporcional (los llamados “plurinominales”).
¿Cuánto dinero está en juego?
El propio planteamiento presidencial toma como referencia que las elecciones de 2024 costaron alrededor de 61 mil millones de pesos. Bajo una meta de recorte del 25%, el “ahorro objetivo” sería del orden de 15.25 mil millones de pesos (61,000 mdp × 0.25).
Ese número luce grande en titulares, pero su realización depende de qué rubros entren efectivamente al ajuste: no es lo mismo recortar el financiamiento ordinario de partidos que rediseñar por completo logística electoral, padrones, fiscalización, capacitación, cómputos y operación territorial del INE y de los OPLE (órganos locales).
Partidos políticos: el ahorro más medible (y políticamente sensible)
En México, el financiamiento público federal a partidos está normado y se publica oficialmente. Para 2025, el Diario Oficial de la Federación reporta un total de 7,354,266,504 pesos de financiamiento público federal para Partidos Políticos Nacionales.
Para 2026, el INE aprobó un monto de 7,737,252,697 pesos.
Si la reforma aplicara un recorte lineal del 25% a esos montos, el ahorro anual sería cercano a:
- 2025: ~1,838 mdp
- 2026: ~1,934 mdp
Esto no agota el “25%” prometido, pero sí ofrece una base cuantificable y verificable desde el primer año.
Reducción del Senado: ahorro potencial, pero no automático
La iniciativa propone bajar el Senado a 96 integrantes.
En términos presupuestales, el gasto ejercido por la Cámara de Senadores en 2024 fue de 5,045.7 millones de pesos (≈5.0 mil mdp).
Un modelo conservador (proporcional simple) asume que 32 escaños menos equivaldrían a una reducción de 25% en costos asociados a legisladores y su operación, lo que daría un rango de ~1,200 a 1,300 mdp anuales en “ahorro bruto”. Pero este cálculo depende de si el recorte también reduce estructuras administrativas, apoyos, servicios y gasto fijo; si no, el ahorro podría ser menor.
INE/OPLE: donde está la mayor bolsa… y la mayor incertidumbre
La reforma también apunta a “hacer más eficiente y menos costoso” al INE y a los organismos locales. Aquí el impacto fiscal puede ser grande, pero es el tramo más complejo: parte del costo electoral es operativo (casillas, funcionarios, boletas, conteos, fiscalización y tecnologías), y parte es institucional (estructura permanente). Reducir gasto sin degradar capacidad operativa es el principal riesgo de ejecución, sobre todo en ciclos con elecciones concurrentes.
En suma, el paquete económico de la reforma se sostiene en tres palancas: recorte a financiamiento político, reducción de tamaño legislativo y reingeniería del aparato electoral. La promesa de 15.25 mil mdp de ahorro luce alcanzable en papel si se tocan rubros operativos, pero será verificable solo cuando exista dictamen, calendario de implementación y ajustes presupuestarios medibles.
