Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que este control de precios se logra mediante subsidios fiscales que reducen el costo real del combustible. Sin este apoyo, el precio de la gasolina podría superar los 30 pesos por litro, lo que tendría un impacto directo en el bolsillo de los consumidores y en el costo de productos básicos.
El encuentro con el sector gasolinero busca no solo mantener estos topes, sino incluso reducir el precio del diésel, un insumo clave para el transporte de mercancías. De acuerdo con el gobierno federal, el aumento reciente en este combustible ha incidido en el encarecimiento de alimentos como frutas, verduras y carne, lo que lo convierte en un factor central dentro de la política antiinflacionaria.
La estrategia forma parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que incluye acuerdos con distintos sectores económicos para evitar incrementos desmedidos en bienes y servicios. En paralelo, autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han intensificado la supervisión de estaciones que venden por encima del precio pactado, con medidas que van desde advertencias públicas hasta posibles sanciones.
Este esfuerzo ocurre en un contexto internacional complejo, donde el precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril debido a tensiones geopolíticas, lo que presiona los mercados energéticos globales. A pesar de ello, México ha logrado amortiguar el impacto mediante subsidios y acuerdos internos, aunque con un costo fiscal relevante para el erario.
Desde una perspectiva económica, mantener estables los precios de los combustibles es clave para evitar efectos en cadena sobre la inflación, ya que el transporte incide directamente en la mayoría de los bienes de consumo. Analistas coinciden en que esta política ayuda a sostener el poder adquisitivo, aunque también implica desafíos fiscales si los precios internacionales continúan al alza.
En este escenario, la próxima reunión entre el gobierno y el sector gasolinero será determinante para consolidar la estabilidad de precios en el corto plazo, en un momento donde el control de la inflación se mantiene como una de las principales prioridades económicas del país.