Caracas, Venezuela. — El gobierno de Venezuela anunció este 8 de enero de 2026 la liberación de un “número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, como parte de una medida que —según las autoridades— busca consolidar la paz y la convivencia política en el país.
El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y principal negociador del oficialismo, quien aseguró que las excarcelaciones comenzaron de inmediato y que se trata de una decisión unilateral del gobierno venezolano, sin que hasta el momento se haya difundido una lista oficial de las personas beneficiadas.
Sin cifras claras sobre los liberados
Aunque el gobierno no precisó cuántos detenidos serán liberados ni las condiciones jurídicas de su excarcelación, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que en Venezuela existen cientos de presos políticos, incluidos ciudadanos con doble nacionalidad o de origen extranjero.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles como Foro Penal, el número de personas privadas de la libertad por razones políticas podría rondar entre 800 y más de mil casos, lo que ha mantenido el tema como uno de los principales focos de atención internacional.
Contexto político y presión internacional
La decisión se produce en un contexto de alta presión diplomática internacional, particularmente de países europeos y de Estados Unidos, así como en medio de tensiones internas derivadas de la crisis política y de gobernabilidad que atraviesa Venezuela desde hace varios años.
Gobiernos extranjeros han confirmado la liberación de algunos de sus ciudadanos detenidos en territorio venezolano, calificando la medida como un avance positivo, aunque insuficiente si no se acompaña de reformas estructurales al sistema judicial y al respeto pleno de los derechos humanos.
Reacciones cautelosas de organizaciones civiles
Diversas organizaciones de derechos humanos han recibido el anuncio con cautela, señalando que, si bien la liberación de presos políticos es un paso relevante, aún persisten detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías y denuncias sobre condiciones de reclusión en centros penitenciarios del país.
Analistas coinciden en que esta decisión podría formar parte de una estrategia del gobierno venezolano para reducir el aislamiento internacional y mejorar su imagen externa, aunque advierten que la reconciliación nacional dependerá de acciones sostenidas y verificables en materia de justicia y libertades civiles.
